Un llamado directo a quienes ejercen funciones públicas realizó la contralora general de la República, Dorothy Pérez, al defender el derecho de la ciudadanía a fiscalizar cómo se desempeñan las autoridades y funcionarios que reciben recursos del Estado.
La intervención ocurrió en un seminario sobre integridad pública, donde Pérez puso como ejemplo una solicitud de acceso a la información que recibió la propia Contraloría. Una persona quiso saber qué había hecho la contralora durante una determinada jornada, dónde estuvo y qué funciones cumplió.
Para la contralora, este tipo de consultas no solo son legítimas, sino que forman parte de lo que significa un Estado abierto: quienes trabajan para el Estado deben estar dispuestos a ser escrutados, porque sus remuneraciones, los recursos que utilizan y las funciones que desempeñan son de carácter público.
“El financiamiento de un día de trabajo de quien les habla es público. Ya tenemos que estar dispuestos a ser escrutados a fondo y, si uno no quiere ser expuesto a eso, tiene que buscarse otro trabajo”, sostuvo.
Una discusión especialmente relevante para los municipios, en los que durante los últimos años se han conocido casos de irregularidades y corrupción, generando cuestionamientos sobre la contratación de funcionarios, el uso de recursos y los mecanismos de control.
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, reconoció que existen riesgos y planteó la necesidad de modernizar las estructuras municipales, apostando por la profesionalización y el mérito.
“Modernizar porque tenemos un Estado setentero con una generación milenial, trabajando con cierto organigrama de cada una de las municipalidades en donde lo que se necesite contratar es lo que necesite la comuna”, subrayó.
Una mirada que también comparte el secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Carlos Guazzini, quien advirtió que cualquier reforma al empleo público debe poner el interés colectivo por sobre el individual.
“Siempre el sector público tiene que velar en aras del interés general, siempre poniendo lo colectivo por sobre lo individual. Tenemos que avanzar en generar por lo menos un estándar ético mínimo”, zanjó.
La discusión cobra fuerza frente a la reforma al empleo público que analiza el Gobierno, que busca introducir cambios a la administración del Estado y avanzar en mayor profesionalización y eficiencia.
Desde la Comisión de Integridad advierten que no se trata únicamente de crear nuevas leyes, sino de instalar una cultura de probidad que permita recuperar la confianza.
Una tarea que, reconocen, es de largo plazo, pero que apunta a un principio central planteado por la Contraloría: si los recursos son públicos y la función también lo es, todos quienes la ejercen deberían estar disponibles para ser fiscalizados.
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