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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Diputados de la Comisión de Constitución debaten sobre la composición y resolución de controversias del Tribunal Constitucional tras un cuarto empate en la Ley de Reconstrucción Nacional. En el caso del proyecto 'Escuelas Protegidas', la expresidenta Daniela Marzi fue voto de desempate en tres de cuatro artículos. La nueva presidenta María Pía Silva desempató un tema crucial. El diputado Jaime Mulet critica la fragilidad del TC, cuestionando su composición y la idoneidad de sus integrantes.

Diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados revivieron el permanente debate en torno a la composición y la resolución de controversias del Tribunal Constitucional, luego de que en la Ley de Reconstrucción Nacional se registrara un cuarto empate en menos de tres meses.

En el caso de la revisión del proyecto ‘Escuelas Protegidas’, la expresidenta del TC, Daniela Marzi, fue el voto de desempate en tres de los cuatro artículos revisados, en un tribunal integrado por 10 miembros, que en caso de empate le da a la presidencia un voto que vale doble.

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En tanto, en la revisión de la Ley de Reconstrucción Nacional, la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, María Pía Silva, desempató con su voto un asunto crucial, votando a favor de la constitucionalidad de la controversial invariabilidad tributaria.

Mulet cuestiona composición del TC

Para el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado Jaime Mulet (FRVS), esto demuestra fragilidad en el TC.

“La actual composición del Tribunal Constitucional no da fuerza a los fallos. Debieran tener un pronunciamiento más o menos común, el empate ser una situación muy excepcional. Establecer un número impar, que es lo normal en este tipo de tribunales”, apuntó.

Otro aspecto en continuo cuestionamiento es la idoneidad de sus integrantes, considerando que algunos de ellos no tienen especialidades en derecho constitucional. Esto deriva de la práctica histórica de los partidos políticos de ‘cuotear’ a sus integrantes.