La ministra de Salud, May Chomali, advirtió que la norma de la reforma constitucional proseguridad que restringe prestaciones estatales a condenados por crimen organizado podría ser “incompatible” con el derecho a la salud. A los reparos se sumaron exministros y parlamentarios oficialistas.
Aunque todavía no ingresa al Congreso, la reforma constitucional proseguridad ya se enfrenta a las primeras dudas dentro del propio gabinete.
La ministra de Salud, May Chomalí, en conversación con CNN, sostuvo que el borrador –que contempla 11 cambios a la Constitución– incluye una norma que podría ser incompatible con la legislación vigente: la que establece inhabilidades para que condenados accedan a prestaciones financiadas por el Estado, entre ellas, la salud.
Chomalí señaló que el gabinete deberá revisar este punto para evitar afectar el derecho a la salud consagrado en la Carta Magna.
Reparos en oficialismo
Sus reparos fueron respaldados por los exministros de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich y Karla Rubilar, quien además es académica de la Universidad Autónoma.
“Eso puede tener enormes repercusiones de salud pública. Es evidentemente imprudente (…) La atención de salud no puede convertirse en parte de la pena. Una tuberculosis no pregunta ni distingue si quien contagia es delincuente o no lo es”, agregaron.
En paralelo, desde la UDI, el senador Javier Macaya reconoció que el proyecto tendrá aspectos que deberán corregirse durante su tramitación legislativa.
“Una cosa es restringir beneficios del Estado a quienes cometen delitos graves, y en eso obviamente estamos de acuerdo, y otra muy distinta es poner en riesgo el acceso a prestaciones esenciales como la salud. Eso hay que precisarlo y corregirlo durante la discusión”, enfatizó.
“Tiene fallas graves”
Los cuestionamientos también vienen del Partido Nacional Libertario. Tras un punto de prensa de la tienda, el diputado Pier Karlezi criticó la falta de trabajo prelegislativo y la poca información entregada a los parlamentarios.
Además, advirtió errores en el texto y cuestionó que se abra un debate constitucional en estos términos.
“Encontramos que tiene fallas graves en conceptos, confunde conceptos, responsabilidades en el mando que también están diluidas. Venimos saliendo de dos procesos constitucionales, ¿no les queda claro que esto tiene que ser un poquito más serio?”, cerró.
El Gobierno aún no cierra la propuesta, pero pone el foco en que, una vez ingresada al Congreso, se puedan analizar ciertos cambios.
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