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Por
Mauricio Villena
Decano Facultad de Administración y Economía UDP.Rafael Sánchez
Profesor de Economía (CUNEF Universidad, España).
El reciente anuncio del Gobierno de un plan laboral que busca generar más de 100 mil empleos, incluyendo una ampliación de los subsidios a la contratación por $91 mil millones, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta recurrente: ¿funcionan los subsidios al empleo? Si contratar es caro, el Estado paga una parte y las empresas contratan más. La pregunta relevante no es si la idea suena bien, sino si crea empleos que no habrían existido sin ella.
Contar contratos subsidiados no dice mucho. Muchos se habrían firmado igual; otros sustituyen a trabajadores no elegibles o desplazan empleo desde las empresas sin beneficio. Peso muerto, sustitución y desplazamiento: lo que importa es el contrafactual.
Un caso especialmente bien documentado es el crédito francés a la contratación de 2009, limitado a empresas de menos de diez trabajadores y a salarios de hasta 1,6 veces el mínimo: aumentó el empleo sin elevar los salarios. Pero Cahuc, Carcillo y Le Barbanchon (2019) muestran que su eficacia dependió de tres rasgos: fue inesperado, temporal y dirigido a puestos con salarios rígidos.
Simulado como crédito permanente, el costo por empleo creado se dispara, especialmente cuando los salarios pueden ajustarse. En Estados Unidos, Neumark y Grijalva (2017) no encuentran efectos positivos para muchos tipos de créditos estatales a la contratación; los resultados son más favorables para algunos diseños específicos y durante las recesiones. Encuentran además que estos créditos generan mucha más contratación que empleo neto, porque incentivan la rotación.
Con la reducción de jornada pasa algo parecido. En Italia preservó puestos durante la crisis, pero el efecto se disipó al terminar y redujo la reasignación hacia empresas más productivas: las firmas de baja productividad tendían a acogerse más al programa y retener trabajadores que, ante shocks persistentes, habrían sido reasignados (Giupponi y Landais, 2023). En Suiza, en cambio, evitó despidos en vez de posponerlos (Kopp y Siegenthaler, 2021).
Los experimentos aleatorios tampoco dan una respuesta única. En Jordania, un subsidio salarial para jóvenes graduadas aumentó su empleo 38 puntos porcentuales mientras estuvo vigente; después, el efecto cayó fuertemente y dejó de ser estadísticamente significativo. Los autores interpretan que la experiencia adquirida no elevó suficientemente la productividad frente a un salario mínimo vinculante (Groh et al., 2016).
En Sri Lanka, las microempresas subsidiadas contrataron durante el programa, sin efectos duraderos sobre empleo ni beneficios (de Mel et al., 2019). En Sudáfrica, un voucher elevó el empleo juvenil 7 puntos y el efecto persistió tras vencer (Levinsohn et al., 2014).
En conjunto, estos resultados sugieren que la persistencia depende menos del instrumento en sí que de por qué ese trabajador no estaba siendo contratado antes. Conviene además no medir demasiado pronto: los efectos medios de las políticas activas suelen crecer a los dos o tres años (Card, Kluve y Weber, 2018).
Hay dos preguntas que se olvidan. Quién se queda el dinero: en Suecia, rebajar las cotizaciones de los jóvenes elevó su empleo dos o tres puntos sin aumentar específicamente su salario neto; parte del beneficio terminó compartiéndose dentro de las empresas, también con trabajadores mayores (Saez et al., 2019). Y el estigma: en Dayton, quienes presentaban un bono que los identificaba como elegibles encontraron menos empleo que quienes no lo llevaban (Burtless, 1985).
En Chile, una evaluación recogida por la OCDE (2024) estima que el Subsidio al Empleo Joven aumentó en torno a 3 puntos porcentuales la probabilidad de empleo formal. Aunque el efecto sea positivo, ¿es esta la mejor forma de gastar ese dinero? Un programa puede funcionar y ser, aun así, menos rentable socialmente que otras alternativas.
McKenzie (2017) destaca que la asistencia a la búsqueda tiene costes mucho menores que la formación o los subsidios salariales, aunque sus efectos sobre empleo e ingresos también suelen ser modestos; y, en la comparación de 133 políticas históricas de Estados Unidos de Hendren y Sprung-Keyser (2020), las intervenciones dirigidas a adultos generan en promedio mucho menos valor por dólar público que las inversiones en salud y educación de niños de bajos ingresos.
¿Funcionan, entonces? A veces, y el diseño importa mucho. La evidencia es más favorable cuando responden a shocks transitorios, son temporales y están dirigidos a fricciones concretas que impiden contratar. Como política permanente y generalizada, aumenta el riesgo de gastar recursos en empleos que habrían existido igualmente. La pregunta no es cuántos contratos se subsidiaron, sino cuántos empleos existen gracias al subsidio, quién se quedó el dinero y si ese dinero habría rendido más en otra parte.
