Después de seis años de investigación, el caso por la cuestionada licitación de cámaras corporales para Carabineros quedó definitivamente cerrado.
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento presentado por la empresa The Pegasus Group Company S.A., que buscaba reabrir el debate judicial luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar en la investigación por la compra de 300 cámaras corporales adjudicada en 2020 a Motorola Solutions Chile.
Con este fallo unánime, quedó firme el cierre de una causa que tuvo entre sus principales investigados a la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien desde el inicio negó haber cometido irregularidades.
TC pone fin a caso Motorola que involucró a Katherine Martorell
El caso comenzó luego de que Pegasus, empresa que perdió la licitación, denunciara presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación y presentara una querella por delitos como fraude al Fisco, prevaricación administrativa y falsificación de instrumento público.
La controversia se centró en un requisito técnico de las bases de licitación. Pegasus sostuvo que las cámaras adjudicadas a Motorola no cumplían con las funciones de “pre y post grabado” exigidas en el concurso, mientras que Martorell defendió que se trataba de una diferencia de interpretación y aseguró que el proceso había sido completamente legal.
Durante seis años, la Fiscalía realizó múltiples diligencias para esclarecer los hechos. Entre ellas, revisó teléfonos celulares, cuentas bancarias, correos electrónicos y otros antecedentes, además de incorporar informes de la Contraloría. Sin embargo, nunca encontró evidencia suficiente para formalizar cargos contra los investigados.
En julio de 2025, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en la investigación al estimar que no existían antecedentes para presentar una acusación por los presuntos hechos de corrupción denunciados por Pegasus.
El último intento de Pegasus
Tras la decisión de la Fiscalía, Pegasus intentó reabrir la investigación y apeló las resoluciones del tribunal. Sin embargo, esa apelación fue declarada inadmisible.
La empresa recurrió entonces al Tribunal Constitucional, argumentando que esa norma le impedía acceder a una revisión judicial y vulneraba garantías como el derecho a un debido proceso.
El TC, sin embargo, descartó esos argumentos. En un fallo unánime, resolvió que el conflicto planteado por Pegasus corresponde a una discusión sobre la aplicación de la ley procesal penal y no a un problema de constitucionalidad.
Con esa decisión, quedó firme el cierre definitivo de una investigación que se extendió por seis años y en la que la Fiscalía concluyó que no existían antecedentes para formalizar ni acusar a los involucrados.
Enviando corrección, espere un momento...
