Caso Sartor: Fiscalía cifra perjuicio en más de US$78 millones y $104 mil millones entre 2021 y 2024

Este jueves comenzó la mega-formalización de once exdirectivos y ejecutivos del Grupo Sartor, entre ellos los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín, además del empresario Michael Clark.

La Fiscalía los acusa de haber utilizado recursos de fondos administrados por la compañía para financiar sociedades relacionadas con ellos mismos, privilegiando sus intereses por sobre los de los inversionistas.

Según la investigación del Ministerio Público, el esquema habría operado entre 2021 y 2024 mediante inversiones en empresas vinculadas a los propios controladores del grupo.

De esta manera, sostiene que esas operaciones se realizaron sin transparentar los conflictos de interés, ocultando información al mercado y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), además de incumplir las obligaciones establecidas en la Ley Única de Fondos.

Inicia formalización por caso Sartor

Una de las piezas clave del entramado fue Michael Clark. Además de integrar el directorio de Sartor AGF, su sociedad Redwood Capital habría recibido financiamiento desde fondos administrados por la propia administradora, mientras prestaba asesorías a Nexus, controladora de la Isapre Nueva Masvida, uno de los inversionistas afectados por el colapso.

Para la Fiscalía, ese doble rol constituye uno de los principales conflictos de interés que marcaron la operación del grupo.

El nombre de Michael Clark también aparece ligado a las querellas que sostienen que la toma de control de Azul Azul, a través del Fondo Tactical Sports, habría eludido la obligación de realizar una Oferta Pública de Adquisición, antecedentes que forman parte de las investigaciones que hoy rodean al empresario.

Antes del inicio de la audiencia, el empresario evitó referirse al fondo de las acusaciones y aseguró que enfrentará el proceso ante la justicia.

La tesis de la Fiscalía apunta a una administración desleal de los fondos. Según la investigación, los imputados habrían utilizado fondos de inversión privados para canalizar recursos hacia sociedades relacionadas, financiando empresas de su propio grupo y eludiendo los controles establecidos para este tipo de operaciones.

Todo ello, afirma el Ministerio Público, en perjuicio de los inversionistas y ocultando esos conflictos de interés al regulador y al mercado. El perjuicio defraudatorio estimado supera los 104 mil millones de pesos, además de más de 78 millones de dólares. Así lo señaló en la propia audiencia el fiscal de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya.

La investigación identifica a decenas de personas naturales, empresas y fondos de inversión como víctimas del presunto fraude. Todos ellos habrían resultado afectados por la pérdida de valor de los fondos administrados por Sartor, cuyos recursos —según la Fiscalía— fueron utilizados para beneficiar a sociedades relacionadas con los propios directivos de la administradora.

El abogado querellante César Ramos, representante de 43 aportantes de los fondos administrados por Sartor, señaló que espera que la Fiscalía solicite medidas cautelares acordes, incluyendo prisión preventiva para los casos más graves.

Además, afirmó que los querellantes han colaborado con la investigación, la que cuenta con abundantes antecedentes, sanciones previas de la CMF y evidencia recopilada durante la indagatoria.

La formalización continuará con la exposición de los antecedentes reunidos por la Fiscalía y, posteriormente, el tribunal deberá resolver las medidas cautelares que solicitará el Ministerio Público para los once imputados.