El debate sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en el ejercicio profesional dejó hace tiempo de ser una discusión teórica. Durante los últimos meses, distintos tribunales han debido pronunciarse sobre escritos judiciales que incorporaron citas de jurisprudencia y doctrina inexistentes, generadas por sistemas de IA sin la debida verificación por parte de los abogados que las utilizaron.
Esos episodios derivaron en sanciones disciplinarias y reabrieron una discusión que hoy atraviesa a toda la profesión jurídica, y esto es cómo aprovechar una tecnología que avanza rápidamente y que ya forma parte del trabajo cotidiano de miles de abogados, sin renunciar a los estándares éticos y profesionales que exige el ejercicio del derecho.
En paralelo, la propia industria ha evolucionado. A diferencia de los modelos de uso general, hoy existen plataformas desarrolladas específicamente para el ámbito jurídico, entrenadas sobre legislación, jurisprudencia y doctrina, que ofrecen mayores niveles de precisión y trazabilidad. Sin embargo, incluso en esos casos, la responsabilidad sobre el contenido continúa recayendo íntegramente en el abogado.
En ese contexto, el Colegio de Abogados presentó la “Guía de sugerencias para el uso responsable de inteligencia artificial en el ejercicio profesional”, documento que busca orientar la utilización de estas herramientas sin modificar las obligaciones éticas que ya impone el Código de Ética Profesional.
La guía sostiene que la inteligencia artificial constituye un medio auxiliar que puede emplearse en distintas etapas del trabajo de un abogado, desde la asesoría y litigación hasta la redacción de contratos, escritos y opiniones jurídicas. Sin embargo, recalca que la responsabilidad sobre el contenido y las decisiones adoptadas sigue siendo exclusivamente del profesional.
Entre los principios generales, el documento sostiene que el abogado debe mantener siempre el control del asunto, resguardar su independencia profesional y verificar personalmente toda la información que incorpore a sus actuaciones. Asimismo, establece que ningún profesional puede justificar un error ético o jurídico atribuyéndolo al funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial.
Uno de los aspectos centrales corresponde al deber de verificación. La guía dispone que toda referencia a normas, jurisprudencia, doctrina o antecedentes de hecho obtenidos mediante inteligencia artificial debe ser revisada diligentemente antes de incorporarse a un escrito, dictamen o presentación judicial. La responsabilidad por esa revisión recae exclusivamente en el abogado y no puede entenderse satisfecha por la validación realizada por el propio sistema de IA.
En materia procesal, el texto advierte que el profesional conserva íntegramente la responsabilidad sobre la veracidad de los antecedentes que presenta ante los tribunales. En consecuencia, prohíbe incorporar resoluciones, doctrina o información inexistente o inexacta generada por inteligencia artificial y obliga a rectificar oportunamente cualquier error que llegue a advertirse. Además, impide utilizar estas herramientas para generar imágenes, audios o videos manipulados destinados a influir indebidamente en un proceso judicial, obviamente.
Confidencialidad del cliente
La guía dedica un capítulo completo a la confidencialidad. Allí establece que, antes de ingresar información de un cliente en un sistema de inteligencia artificial, el abogado debe evaluar los riesgos de almacenamiento, reutilización o acceso por terceros, revisar las políticas de privacidad del proveedor y determinar si existen salvaguardas suficientes para proteger los datos. Incluso advierte que no deben utilizarse plataformas de uso público cuando no exista certeza de que la información permanecerá protegida.
El documento agrega que, cuando exista riesgo de reutilización o divulgación de la información del cliente, será necesario obtener previamente su consentimiento expreso e informado. Ese consentimiento no puede estar contenido en una autorización genérica incluida en el contrato de prestación de servicios, sino que debe referirse específicamente al sistema de inteligencia artificial que se pretende utilizar y a los riesgos asociados a su empleo.
Respecto del funcionamiento de estudios jurídicos y organizaciones profesionales, la guía recomienda establecer políticas internas sobre el uso de inteligencia artificial, capacitar permanentemente a abogados y colaboradores, mantener registros de las actuaciones en que se utilicen estas herramientas y revisar periódicamente dichos protocolos conforme evolucione la tecnología.
Transparencia frente al cliente
Finalmente, el Colegio de Abogados aborda la relación con los clientes. La guía sostiene que, cuando la prestación de servicios se apoye en sistemas de inteligencia artificial, el abogado debe informarlo previamente, explicando tanto sus beneficios como sus riesgos. Asimismo, prohíbe atribuir a estas herramientas capacidades que razonablemente no poseen o inducir a error respecto del verdadero grado de intervención humana en la prestación del servicio profesional.
El documento precisa que no crea nuevas obligaciones éticas y que, en caso de conflicto, prevalece siempre el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados. Su objetivo es orientar el uso responsable de una tecnología que ya forma parte del ejercicio diario de la profesión y cuyo desarrollo continúa acelerándose, obligando a compatibilizar innovación tecnológica con responsabilidad profesional, confidencialidad y calidad de la información que llega a los tribunales.
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