El cierre de la investigación por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, decidido este viernes por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, generó una dura reacción del abogado querellante, Raimundo Palamara. El jurista sostuvo que el archivo del caso deja sin responsables a quienes participaron en la operación y cuestionó el rol del fiscal Patricio Cooper al no perseverar en la causa.
“Con esto finalmente quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional en que hubo un gasto fiscal humano con más de 50 funcionarios públicos que trabajaron en un contrato inviable que pretendía darle un negocio indefinido a la familia Allende a través de sus fundaciones”, afirmó Palamara.
El abogado añadió que, si bien la causa puede reabrirse, la voluntad del fiscal Cooper es no continuar con ella. Palamara señaló que el persecutor no cuantificó el daño fiscal producido durante la gestión del contrato y que tampoco existió un análisis de la prueba rendida.
En ese punto, el jurista recordó que hubo reconocimiento por parte de los asesores del Congreso de la exsenadora Isabel Allende, quienes presionaron hasta la Contraloría para que tomara razón favorablemente del contrato de su casa. Según Palamara, ello corroboró las palabras del exasesor presidencial Miguel Crispi, en el sentido de que la exsenadora presionó hasta el portero de Presidencia.
“No hubo estudio serio, no hubo objetividad, perdiendo nuevamente el pueblo de Chile frente a los poderosos de siempre”, enfatizó el abogado.
Cierre de la investigación como mecanismo que “ata las manos” a los querellantes
Palamara centró sus críticas en la decisión de no perseverar adoptada por el fiscal Patricio Cooper. A su juicio, esta práctica se ha transformado en un mecanismo que impide discutir el fondo del asunto, incluso cuando existan indicios de delito.
“Lamentablemente la decisión de no perseverar que tomó el fiscal Patricio Cooper se ha transformado en un mecanismo que deja a los querellantes con las manos atadas e impide que se discuta el fondo del asunto, si existió o no delito”, declaró.
El abogado explicó que, en la práctica, varios fiscales, entre ellos Cooper, han recurrido al cierre de investigaciones no formalizadas, evitando que la causa llegue a juicio y privando a los querellantes de ejercer una acusación particular. El resultado, añadió, es que las investigaciones terminan archivadas sin un pronunciamiento judicial sobre los hechos, mientras el plazo de prescripción sigue corriendo en beneficio de los imputados.
“Así, hechos con características de delitos terminan sin responsables y sin que exista una verdadera revisión por parte de los tribunales, lo cual ha sido avalado incluso por el Tribunal Constitucional, pese que la Constitución es clara en señalar que la Fiscalía solo tiene la exclusividad de la investigación, no de la persecución penal, la que corresponde también al querellante”, sostuvo.
Para Palamara, esta situación “finalmente queda de letra muerta la Constitución, permitiendo cierres prematuros de causa por secretaría, por la sola decisión de un burócrata, un fiscal”, sentenció.
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