La ofensiva de la oposición para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) en diferentes proyectos del Ejecutivo es un panorama que evalúa La Moneda, y es que la izquierda ya abrió esa puerta en el marco de la Ley de Escuelas Protegidas y logró que se declararan inconstitucionales 3 de los 4 artículos impugnados.
Si bien el gobierno mira con optimismo lo ocurrido en ese caso, porque no hubo unanimidad, sino que se generó un empate entre los ministros del TC, el anuncio de un nuevo requerimiento por el proyecto de Reconstrucción Nacional encendió las alertas.
La preocupación va en que, tal como en Escuelas Protegidas se declaró inconstitucional el artículo que establecía la pérdida del beneficio de gratuidad para estudiantes con condenas por violencia, eso sirva como antecedente para rechazar otros aspectos de proyectos clave para el gobierno.
Por ejemplo, en el Registro Único de Vándalos e Incivilidades también hay una normativa que establece que quienes estén en el listado no puedan acceder a la gratuidad, lo que se caería bajo el mismo principio.
Otro proyecto que podría correr la misma suerte es el que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el cual establece que los jóvenes sancionados, expulsados de sus colegios por desmanes, pierden prioridad en el SAE al momento de postular a otro recinto.
Biministro Alvarado desdramatiza la situación
Este miércoles, en entrevista con Radio Infinita, el biministro Claudio Alvarado desdramatizó la situación y aseguró que el TC evalúa caso a caso y dijo: “No me gustaría pensar que las decisiones del Tribunal tienen un predominio por preferencias políticas, porque sería desnaturalizar su propia función y que la institución vaya perdiendo su prestigio”.
Sobre los eventuales próximos requerimientos, también quitó importancia al señalar que “muchos de los temas son debatibles, pero lo importante es que cuando se presenten los argumentos, exista la objetividad suficiente y necesaria para resolver en consecuencia”.
De igual forma, el oficialismo anunció proyectos para reformar la institucionalidad del TC.
Uno de ellos busca modificar el mecanismo de composición de los integrantes del Tribunal y el otro se basa en una reforma para que la presidencia del TC no tenga voto dirimente ante empates.
“Un brazo armado del Frente Amplio”
El diputado libertario Pier Karlezi aseguró que lo visto de parte de la oposición era previsible.
“Pasa lo que era lógico que pasara. El TC está haciendo un arma, un brazo armado del Frente Amplio. La presidenta está pagando favores políticos al presidente por dejarla en ese puesto. No me sorprende para nada el fallo dirimente que siempre sea para ese lado”.
Finalmente, desde la izquierda se defendieron, asegurando que la falta de diálogo y disposición a los acuerdos de parte del gobierno es lo que los ha llevado a evaluar otros mecanismos. A eso apuntó el diputado Carlos Bianchi.
“Es que estos son discursos o posiciones absolutamente estériles. Son mensajes políticos de un sector a otro. Yo creo que lo relevante es hacer que el Tribunal Constitucional cumpla su rol y estos juicios de dimes y diretes, la verdad es que no son conducentes a nada”, señaló.
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