La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, decidió pasar a la ofensiva luego que la Contraloría General de la República (CGR) concluyera que actuó fuera de las atribuciones que le confería la ley al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI).
A través de una presentación de 24 páginas, a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, la exautoridad pidió que el organismo encabezado por Dorothy Pérez reconsidere el Dictamen N° D344 y deje sin efecto la conclusión que estableció que el Oficio Reservado N° 28 “no se ajusta estrictamente a las atribuciones” de la ministra y que, además, vulneró su deber de abstención.
La ofensiva, por ahora administrativa, constituye un nuevo capítulo de una controversia que comenzó luego que se conociera que Steinert requirió antecedentes sobre el traslado de funcionarios de una brigada especializada de la PDI que participaba en una investigación vinculada al crimen organizado en Iquique, investigación que ella misma lideró hasta antes de convertirse en secretaria de Estado.
Sobre ese punto es que Contraloría concluyó que dicho requerimiento excedía las competencias de la entonces ministra y cuestionó que interviniera en un asunto respecto del cual, por su desempeño previo como fiscal regional de Tarapacá, debía haberse abstenido.
Ahora, Steinert busca revertir completamente ese pronunciamiento.
“El dictamen contiene errores de derecho”
El primer eje de su presentación apunta directamente al fondo jurídico del dictamen. La exministra sostiene que Contraloría “invade la esfera del mérito” de una decisión administrativa, cuestión que la ley prohíbe al órgano fiscalizador, según se lee en la presentación.
A juicio de Steinert, el organismo no identificó una infracción legal concreta, sino que simplemente cuestionó el nivel de detalle de la información que ella decidió solicitar. “El dictamen traspasa esa frontera”, sostiene la exautoridad, agregando que la Contraloría realizó un juicio sobre la conveniencia del requerimiento y no sobre su legalidad.
Uno de los pilares de la reconsideración consiste en sostener que la Ley N° 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública, expresamente faculta a la autoridad para requerir antecedentes incluso cuando estos tengan carácter reservado.
Según plantea, el propio artículo 3 de esa normativa permite solicitar información “aun si tienen el carácter de secretos o reservados”, siempre bajo deber de confidencialidad.
Por ello sostiene que el oficio fue emitido “por conducto regular”, dirigido al Director General de la PDI y bajo carácter reservado, por lo que no existía ilegalidad alguna en el requerimiento.
A su juicio, Contraloría omitió aplicar precisamente esa norma habilitante y terminó interpretando restrictivamente las nuevas facultades entregadas al Ministerio de Seguridad Pública.
“Mi experiencia no era un conflicto de interés”
Otro de los aspectos más relevantes del escrito dice relación con el reproche formulado respecto del deber de abstención.
Contraloría estimó que Steinert no debió intervenir debido a que previamente había ejercido como fiscal regional de Tarapacá. La exministra rechaza completamente esa conclusión.
Asegura que el dictamen “no individualiza cuál sería ese interés” que justificaría una inhabilidad y sostiene que nunca existió un beneficio personal o patrimonial derivado de la solicitud de antecedentes.
Por el contrario, afirma que su experiencia como persecutora “no es un interés particular: es un título de idoneidad”, agregando que interpretar lo contrario implicaría impedir que exfiscales, jueces o policías puedan ejercer cargos vinculados a seguridad precisamente por conocer esas materias.
Invoca declaraciones del director de la PDI
Como antecedentes nuevos, Steinert incorpora la declaración realizada por el director general de la PDI, Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Según sostiene, el jefe policial confirmó que el retiro de la prefecta general cuestionada fue una decisión exclusivamente institucional y adoptada en ejercicio de sus propias atribuciones.
Para la exministra, ese antecedente demuestra que ella nunca intervino en una decisión administrativa de la policía y que únicamente buscó conocer las razones que motivaron esa determinación.
Cita fallos que respaldarían su postura
La reconsideración también incorpora sentencias de las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y Chillán. Según Steinert, esos fallos validaron que órganos públicos puedan requerir información reservada cuando actúan dentro de sus competencias y bajo deber de secreto.
Incluso sostiene que Contraloría habría defendido ese mismo criterio en otras causas judiciales donde solicitó antecedentes sensibles a distintos organismos públicos.
Argumentos con los que Steinert intenta demostrar que el órgano que dirige Dorothy Pérez estaría aplicando un estándar distinto al utilizado cuando es la propia institución la que requiere información reservada.
Acusa indefensión
La exministra también cuestiona la forma en que fue emitido el dictamen. Afirma que Contraloría remitió el pronunciamiento a los diputados requirentes, al Ministerio Público, a la Policía de Investigaciones y al Ministerio de Seguridad Pública, pero no a ella, pese a ser la persona directamente cuestionada.
“Resulta difícilmente conciliable” con el derecho a defensa que el pronunciamiento se comunicara a todos los involucrados excepto a quien recibió el reproche personal.
Por ello solicita ser formalmente notificada y que cualquier resolución futura también le sea comunicada, según se lee en el documento.
También cuestiona el origen del caso
Otro de los puntos llamativos de la presentación apunta a la filtración del oficio reservado. Divulgación que recordemos que se dio a conocer por este medio. Steinert sostiene que todo el procedimiento se originó luego que el documento fuera divulgado públicamente, pese a tener carácter reservado.
Por ello, plantea que la Contraloría nunca explicó cómo conoció dicho oficio ni adoptó medidas para esclarecer la filtración, situación que, afirma, terminó siendo el punto de partida del procedimiento que concluyó con el dictamen cuestionado.
Pide dejar sin efecto el reproche
Finalmente, la exministra solicita que la Contraloría deje sin efecto la conclusión central del Dictamen D344 y declare que el Oficio Reservado N° 28 fue emitido dentro de las atribuciones que la ley confiere al Ministerio de Seguridad Pública.
De manera “subsidiaria”, pide que al menos se aclare que el eventual reparo solo alcanzaría una parte específica del requerimiento de información y que el dictamen no constituye una declaración de responsabilidad personal en su contra.
Enviando corrección, espere un momento...
