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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La fallida acusación constitucional contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda, genera debate sobre el uso de este mecanismo de control por parte del Congreso, especialmente en gobiernos recientes. Parlamentarios proponen reformar requisitos para las AC, lo que genera opiniones divididas. El diputado Cuello del PC rechaza debilitar esta herramienta, señalando la importancia de mantener el equilibrio de poderes y defender a los ciudadanos.

La fallida acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, abrió el debate sobre el uso de este mecanismo jurídico-político de control y fiscalización por parte del Congreso.

Entre las dudas está el uso de la AC como herramienta y lo mucho que se ha utilizado contra autoridades de los últimos dos gobiernos (Sebastián Piñera y Gabriel Boric).

Desde la oposición, el diputado Luis Cuello (PC) se manifestó en contra de una iniciativa —de carácter transversal— con la que parlamentarios buscan elevar las exigencias de las acusaciones constitucionales.

“Creo que es un error restringir y debilitar la herramienta de la acusación constitucional por una consideración de la coyuntura. La acusación contra (Nicolás) Grau que presentó la extrema derecha fue, sin duda, vergonzosa política y jurídicamente, pero esa no es una buena razón para aumentar el poder del Ejecutivo”, comenzó diciendo Cuello.

A su juicio, el control fundado de las responsabilidades políticas de altas autoridades es indispensable para el equilibrio de los poderes y la defensa de los ciudadanos cuando se vulnera la Constitución.

“Perfectamente es posible debatir respecto de las sanciones de la acusación constitucional sin anularla como una herramienta legítima”, complementó.

Recordemos que fue la semana pasada que un grupo de diputados —tanto oficialistas como de oposición— presentaron un proyecto para evitar la presentación inmediata de una AC. Antes, la Cámara tendría que utilizar su facultad fiscalizadora y citar al ministro para que explique o entregue información. Recién después de ese paso se podría impulsar un libelo acusatorio.