Tras el crimen de un niño de 12 años en San Bernardo, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la realidad de la delincuencia juvenil en Chile y cuestionó el proyecto de ley que crea un Registro de Vándalos.
En conversación con Radio Infinita, Cordero sostuvo que “la trayectoria delictual comienza desde los 10 a 11 años. Los delitos comienzan en las comunas que ellos habitan, en torno a los 2 km de su domicilio”.
Asimismo, explicó que “el 40% de las personas adultas privadas de libertad en nuestro país tiene entre 18 y 40 años”, lo que, a su juicio, responde a “una trayectoria continua que se inicia desde la juventud”.
En esa línea, destacó avances del Estado en materia de seguridad y reinserción, como la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y la separación de los centros penitenciarios para menores y adultos.
Según explicó, la delincuencia juvenil se caracteriza por un uso cada vez más osado de la violencia, por lo que, a su juicio, el debate no debe centrarse únicamente en el endurecimiento de las sanciones, sino también en fortalecer las medidas de prevención.
Cuestionamientos al Registro de Vándalos
El exministro también se refirió al proyecto de ley que crea un Registro de Vándalos, impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast y cuestionado por la oposición.
Al respecto, sostuvo que la iniciativa presenta “un problema constitucional y de política pública”, ya que “la mayoría de las inhabilidades e impedimentos está vinculada a prestaciones públicas de personas que dependen del Estado”.
En ese sentido, afirmó que “el registro no soluciona el problema que tenemos, pues confunde delitos graves, faltas penales y administrativas”.
Finalmente, Cordero advirtió que la medida podría generar efectos desiguales según la situación socioeconómica de las personas.
“Una persona que está respaldada por su familia y que aparece en el registro de vándalos va a verse relativamente menos afectada. En cambio, alguien que depende de prestaciones públicas verá comprometida buena parte de su funcionamiento regular. Tiene un sesgo inevitable”, afirmó.
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