Tras la muerte de un menor en San Bernardo en medio de una encerrona, alcaldes de distintos sectores políticos presionaron al Gobierno y a los demás poderes del Estado, exigiendo cambios legislativos, mayor despliegue policial e —incluso— la participación de las Fuerzas Armadas.
El grave hecho delictual generó inmediatas repercusiones en los municipios, cuyos alcaldes endurecieron sus críticas al Ejecutivo y exigieron medidas urgentes tanto en materia legislativa como en materia de operatividad.
No es la primera vez que los jefes comunales levantan la voz en esta materia. De hecho, han sido algunos de los principales impulsores de cambios para enfrentar el aumento de la delincuencia e inseguridad.
Alcalde White pide colaboración de las Fuerzas Armadas
El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), afirmó estar cansado de insistir en la necesidad de reforzar la presencia policial y los patrullajes preventivos. A su juicio, los diagnósticos ya están hechos y lo que falta son acciones concretas.
En esa línea, llamó al Gobierno a escuchar las demandas de los territorios y planteó la posibilidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para colaborar en tareas de seguridad, argumentando que aún no existen avances en materias como el reglamento de seguridad municipal o la protección de infraestructura crítica.
“Me han catalogado de alarmista, pero la verdad no sé qué más tiene que pasar en este país para que la autoridad reaccione. Tanto al gobierno anterior como a este se lo hemos planteado: que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas (…) a propósito del déficit policial”, afirmó.
Piden apurar proyecto de responsabilidad penal adolescente
Las críticas también provienen de alcaldes pertenecientes a la derecha. Los jefes comunales de Vitacura, Ñuñoa, San Miguel, Providencia y Colina emplazaron al Ejecutivo a acelerar la tramitación del proyecto de responsabilidad penal adolescente que está en el Senado.
Entre las modificaciones que impulsan, figura eliminar el régimen abierto para menores que cometan delitos violentos, mantener los antecedentes penales al alcanzar la mayoría de edad en casos de delitos graves y establecer criterios más estrictos para los reincidentes.
La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (EVO), sostuvo que “esto podría haberse prevenido si hubiéramos reaccionado más rápido, de tener un sistema que no promueva la impunidad. Son detenidos, son juzgados, condenados, pero no tienen una pena en un régimen cerrado”.
Por su parte, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (Ind.), planteó que el mundo político debe repensar el sistema de seguridad mediante un acuerdo amplio entre todos los sectores. “Una acción aislada no logra avances significativos, pero sí un acuerdo importante de todos los actores”, planteó.
Experta insta a evitar centrarse en respuestas exclusivamente punitivas
Desde el ámbito académico, Ester Valenzuela, directora del Diplomado en Derechos de la Infancia y Adolescencia de la UDP, advirtió que, si bien pueden ser necesarias sanciones o incluso penas privativas de libertad, el debate debe centrarse en determinar si aumentar los años de internación constituye una solución efectiva.
Además, llamó a evitar respuestas exclusivamente punitivas, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Chile.
“Ahora, esto claramente no significa impunidad ni ausencia de sanción, sino que implica reconocer que las personas adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo y que la respuesta estatal debe evitar el encierro para que se consoliden trayectorias delictivas”, concluyó.
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