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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La diputada Javiera Rodríguez (REP) y los legisladores republicanos Sebastián Zamora y Valentina Becerra presentaron una propuesta al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para poner fin a las pensiones de gracia del estallido social, consideradas injustas para quienes sufrieron pérdidas y violencia. Rodríguez enfatizó la necesidad de terminar con estos beneficios, calificándolos de injustos. Pavez valoró la propuesta y expresó interés del Gobierno en revisar el uso adecuado de los recursos públicos.

La diputada Javiera Rodríguez (REP), junto a los legisladores republicanos, Sebastián Zamora y Valentina Becerra, ingresaron formalmente una propuesta ante el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para finalizar las pensiones de gracia otorgadas en el marco del estallido social.

La parlamentaria Rodríguez enfatizó la necesidad de terminar con estos beneficios, calificándolos como una injusticia para los ciudadanos que sufrieron pérdidas materiales y violencia durante el periodo.

“Hemos venido a la oficina del subsecretario del Interior para hacerle la entrega de una propuesta formal sobre el fin a las pensiones de gracia, un beneficio que es injusto para los chilenos que fueron vandalizados durante el estallido delictual”, afirmó.

Rodríguez (REP) presenta propuesta para poner fin a pensiones de gracia del estallido social

Por su parte, Pavez valoró el documento de los legisladores, señalando que es de interés del Gobierno poder revisar que los recursos públicos de los chilenos se utilicen bien.

“Esta, y otras propuestas de parlamentarios, siempre van a ser muy bien recibidas aquí en nuestro Palacio de La Moneda. Así que muchas gracias por la visita. Lo vamos a estudiar con mucho gusto”, afirmó.

El proyecto de los congresistas busca la revisión exhaustiva de los beneficiarios actuales, con especial foco en aquellos que hoy desempeñan funciones en organismos estatales.

La iniciativa propone reevaluar la pertinencia de los montos asignados según la gravedad de las lesiones reportadas, distinguiendo si estas son de carácter temporal o permanente, para garantizar un uso correcto de las arcas públicas.