VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El diputado Republicano Carlo Arqueros ofició al directorio de Codelco para que aclare un posible hackeo de ciberseguridad que habría comprometido información de la estatal. Según la denuncia recibida, se identificaron repositorios con 1,24 TB de datos. Arqueros exige confirmar o descartar el incidente, detallar la información afectada y saber si se activaron protocolos de respuesta. También busca saber si se informó a las autoridades competentes.

El diputado republicano e integrante de la Comisión de Minería, Carlo Arqueros, ofició al directorio de Codelco para que aclare un eventual hackeo de ciberseguridad que podría haber comprometido información de la estatal, luego de recibir una denuncia anónima con antecedentes sobre el caso.

Según la información que motivó el requerimiento, existirían repositorios identificados como “codelco” y “codelco-prepro”, asociados a cerca de 1,24 TB de información y más de 1,9 millones de archivos.

En ese contexto, Arqueros señaló que los hechos habrían ocurrido en abril, cuando la empresa era encabezada por Máximo Pacheco.

El oficio a Codelco

A través del oficio, el parlamentario solicitó a Codelco confirmar o descartar el incidente y detallar qué tipo de información podría haberse visto involucrada, incluyendo planos, sistemas de seguridad o antecedentes relacionados con infraestructura crítica.

Asimismo, pidió precisar si se activaron protocolos de respuesta y qué medidas se adoptaron para resguardar los datos y garantizar la continuidad operacional.

De igual forma, requirió conocer si los hechos fueron informados a las autoridades competentes y las razones por las que, eventualmente, no se habrían comunicado públicamente.

“Hemos oficiado a Codelco tras recibir una denuncia anónima con antecedentes sobre un posible incidente de ciberseguridad que podría involucrar información vinculada a la estatal, y que habría ocurrido en abril pasado. Por tratarse de una empresa estratégica del Estado, estos antecedentes revisten la máxima gravedad y deben ser aclarados. No estamos aquí para especular, sino para fiscalizar”, declaró.

Finalmente, el diputado enfatizó que tanto los trabajadores como la ciudadanía tienen derecho a conocer lo ocurrido.

“Si estos antecedentes son incorrectos, corresponde aclararlo. Pero si existe algún grado de afectación, los trabajadores, los contratistas y los chilenos tienen el derecho a conocer qué ocurrió y cuáles son las acciones que se están adoptando para proteger los intereses del Estado”, culminó.