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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Los diputados del Partido Republicano firmaron la acusación constitucional contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda, por entregar información fiscal inconsistente y omitir compromisos de gasto vigentes. Benjamín Moreno señaló que Grau no cometió un error de cálculo, sino una decisión política similar al caso de Grecia. Valentina Becerra enfatizó la transparencia en el uso de recursos públicos, mientras que Ignacio Urcullú llamó a ampliar la investigación para conocer el impacto económico.

Los diputados del Partido Republicano (REP), Benjamín Moreno, Valentina Becerra e Ignacio Urcullú, aseguraron este lunes que firmaron la acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, porque “creemos que acá el que las hace, las paga”.

La frase, -encabezada por Moreno, jefe de bancada- se enmarca en la acusación contra el exsecretario de Estado, quien es responsabilizado de haber entregado información fiscal inconsistente y de no incorporar compromisos de gasto vigentes en la programación financiera del Estado.

“Cuando una persona, en una empresa, oculta números, maquilla cifras, muestra una realidad que no es real con el fin de obtener réditos que no se merece, a esa persona se le persigue, se le trata de criminal (…) no vamos a aceptar que quien maquille estados financieros y situaciones contables de un país entero quede en la impunidad”, afirmó Moreno.

El parlamentario sostuvo que el desvío fiscal no corresponde a un error de cálculo, sino a una decisión política, ejemplificando con casos internacionales.

“Quizás el caso más emblemático es el de Grecia. Esto no es un hecho menor: Cuando hablamos de dos puntos del Producto Interno Bruto de desvío, estamos hablando de alrededor de 10.000 millones de dólares (…) no estamos hablando de un error de cálculo, estamos hablando de una decisión política donde el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue la cara visible”, señaló.

Asimismo, advirtió: “Supimos que el exministro no actualizó ni incluyó dentro de la administración financiera del Estado pagos que correspondían por alrededor de 3.200 millones de dólares, deudas pendientes hacia pequeñas y medianas empresas que un ministro de Hacienda no pagó, por el orden de 270 millones. Esto es de extrema gravedad”.

Bajo esta misma línea, la diputada Becerra indicó que el objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos.

“No podemos permitir que se le mienta a todos los chilenos, que no se le entregue de manera transparente la información de los recursos públicos: cómo se utilizaron, cómo se gastaron o malgastaron y a dónde fueron a parar esos recursos (…) vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley, ejerciendo nuestra labor fiscalizadora, porque lo que queremos es que cada chileno sepa dónde, cuándo y cómo se gastaron los recursos”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Urcullú instó a ampliar la investigación para dimensionar el impacto en la economía.

“Tenemos que llevar esta investigación lo más amplio posible, para tener todos los antecedentes que nos permitan saber el alcance del daño que se le ha hecho a la economía del país y el paupérrimo estado en que recibimos la administración del presidente Kast, que se ha visto en todas las auditorías internas que estamos haciendo”, aseguró.

Finalmente, el parlamentario reafirmó su disposición a continuar con el proceso. “Vamos a llevar adelante esta investigación y a llegar hasta las últimas consecuencias”, culminó.