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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Poder Judicial busca renovar su flota automotriz con una reasignación de 615 millones de pesos para cambiar 22 vehículos en estado crítico. Justifican la medida por la antigüedad de los autos, fabricados entre 2012 y 2015. Inicialmente, se priorizará a los presidentes de las 17 Cortes de Apelaciones.

A pesar del complejo escenario económico y del llamado a la contención del gasto fiscal impulsado desde el Ministerio de Hacienda, el Poder Judicial busca actualizar su flota automotriz.

Como reveló la Unidad de Investigación de BioBioChile, la Corporación Administrativa de la institución gestiona con la Dirección de Presupuestos una reasignación de 615 millones de pesos.

El objetivo es sustituir 22 vehículos que hoy operan en estado “crítico”. Desde el Poder Judicial justifican la medida señalando que las máquinas fueron fabricadas entre 2012 y 2015, sumando hasta 14 años de antigüedad.

La etapa inicial priorizará a los presidentes de las 17 Cortes de Apelaciones del país, para luego continuar modernizando el resto de la flota en los próximos años.

La situación despertó debate en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Su presidente, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, aclaró que no se opone a que los jueces renueven sus autos por razones de seguridad, pero fue enfático en que “deben ser vehículos normales y sin lujos”.

En un tono más severo, el diputado republicano Luis Sánchez calificó la solicitud como “excesiva y derechamente mal planificada”.

Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries dijo entender las malas condiciones de los automóviles, pero dijo que pensar en renovar en el escenario de estrechez fiscal no tiene sentido.

Este movimiento inevitablemente reabre las heridas del escándalo de 2024. Cabe recordar que el fallido intento de adquirir 22 autos marca Lexus para los ministros de la Corte Suprema (avaluados en casi 60 millones de pesos cada uno) desató una gran controversia que le costó el puesto a dos altos directivos de la Corporación Administrativa tras un sumario.