Ministro Poduje: "Tenemos que pagar 60 mil millones de pesos por viviendas mal construidas"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, enfrenta uno de los desafíos más complejos de su cartera: la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios y la fiscalización de empresas constructoras que han dejado miles de viviendas con fallas estructurales. En una extensa conversación, en Expreso Bío Bío, el secretario de Estado abordó desde los avances en Valparaíso y Biobío hasta las polémicas decisiones sobre tierras indígenas anunciadas en la cuenta pública presidencial.

A casi tres meses de asumir el cargo, Poduje reconoce que la intensidad del trabajo en terreno lo ha expuesto a momentos complicados, pero sostiene que esa presencia es valorada por la ciudadanía. “Esta pega requiere mucho terreno. Al estar desplegado, uno está expuesto a que ocurran cosas, pero las personas valoran que uno esté ahí. Esa es la instrucción que nos da el Presidente”, afirmó el ministro, quien esta semana tiene programadas visitas a Coquimbo y Arica como parte de los diálogos ciudadanos que realiza en regiones.

Reconstrucción

—¿Cómo va la reconstrucción en la región de Valparaíso? ¿Qué pasa con las familias inhábiles?

Teníamos 400 familias inhábiles cuando llegamos y hoy nos quedan aproximadamente 80. Hemos desbloqueado el tema. Familia inhábil, para que la gente entienda, es una familia que tenía más de una vivienda. Como esta catástrofe aplica un subsidio de época regular que impide tener más de una vivienda, ese subsidio viene con una serie de trabas. La Contraloría destrabó algunas antes de que llegáramos, pero había que destrabar más.

—Esas 80 familias inhábiles que continúan, ¿qué va a pasar con ellas?

Tenemos que destrabarlas. La meta es cero. Techo quemado, techo repuesto. Lo que pasa es que en ese caso las familias tenían a nombre de empresas las viviendas, que no son grandes empresas, son empresas familiares. Muchas veces tenían dos o tres viviendas, pero como el subsidio se entrega a la persona y no a la empresa, hay que hacer un trámite. Pero finalmente lo vamos a destrabar.

—¿Dónde es más compleja la reconstrucción, en Valparaíso o Biobío?

En Valparaíso, en Viña del Mar. Los equipos de Serviu habían tenido mucha rotación; no tuvieron jefatura. El exministro Montes tuvo un año un director de Serviu, que fue una gestión muy lamentable, al punto que lo echó el ministro Montes, y luego puso una funcionaria en comisión de servicio y esa funcionaria nunca alcanzó a agarrar el ritmo. Entonces nosotros llegamos con una reconstrucción muy atrasada, con muchos problemas de equipos, muy desordenada de gestión. Nos ha costado un poco más ordenarla. He tenido que ir prácticamente cada dos semanas o a veces cada semana para apuntalar a los equipos. Además, la reconstrucción en Viña del Mar está hecha buena parte sobre terrenos que son muy frágiles, sobre loteos que alguna vez fueron irregulares, que se regularizaron después. Hay mil familias en el campamento. Para que puedan acceder al subsidio, tenemos que dar título de dominio; son campamentos antiguos, hay que regularizar los terrenos. La parte de los equipos es más compleja y también la parte del contexto geográfico social. Pero ya hemos tomado el ritmo y ya estamos saliendo de la parte más compleja, que era el aterrizaje.

—¿Y en el Biobío?

En Biobío, en cambio, vamos muy bien, absolutamente dentro de lo programado, incluso mejor en algunos casos. Ya tenemos la mitad de las familias con subsidio en su mano y estamos construyendo 300 viviendas de las casi 4.000 que se quemaron.

¿Cuál es la fecha definitiva para la reconstrucción?

La fecha sigue siendo diciembre. Ahora, en Viña del Mar creo que no vamos a terminar en diciembre por el atraso que nos generó San Sebastián. En Concepción vamos exactamente en cronograma. Ya partimos el próximo año el proyecto más grande, que es Ríos de Chile, que fue donde se quemaron más viviendas. Vamos muy bien en Biobío Ñuble.

Constructoras bajo la lupa

—¿Cómo se escogen las empresas para demolición? Lo que pasó en El Olivar, lo que está pasando en Lomas La Torre

Tenemos un problema con ciertas empresas constructoras. No solo en el sur. Hemos sacado un reporte donde se señala que en los últimos seis años hemos tenido que poner plata de todos los contribuyentes. Un millón y medio de UF para reparar daños que nunca debieron haber ocurrido, en viviendas relativamente nuevas, que han tenido que ser asignadas por el ministro de cada período por asignación directa. Se construye el conjunto; a los cuatro años falla, a los cinco años falla grave, a los seis años falla grave, nadie responde, la gente está inundándose, está llena de hongo, se filtra entero y tiene que firmarse una asignación directa. Si yo sumo todas esas asignaciones directas, llego a un millón y medio de UF. Para que tengamos una idea, 60 mil millones de pesos en seis años, 10 mil millones de pesos al año que no deberíamos estar pagando como fisco. Esto abarca dos gobiernos, pero no tiene que ver con los gobiernos. Y ahora me están llegando requerimientos de asignación directa que tengo que firmar por otro millón de UF, o sea, por 30 mil millones de pesos más.

—¿Qué van a hacer al respecto?

Le dije a las empresas: Paremos la moto acá, vamos a hacer un índice. Vamos a tener que modificar los plazos que están en la ley, porque hoy día las filtraciones tienen 5 años, y justo al año 6 se revientan todas las cañerías y ya no puedo cobrar la garantía. Por otra parte, tenemos que hacer una reforma en los Serviu, porque no están fiscalizando bien. Los vecinos dicen: ‘Yo llamé al Serviu, denuncié esto, no vino nadie’. Conmigo se contactan por WhatsApp. Por eso llego yo, o va un alcalde a verme, o va un diputado. He estado un 20% de mi tiempo viendo problemas de viviendas mal construidas. Hablé con las constructoras: busquemos una salida, busquemos una solución.

—¿Qué pasó específicamente en Viña del Mar?

Nos encontramos con el mismo problema. Pero como estamos fiscalizando, las casas tenían problemas antes de la entrega. Estaban hechas con fallas estructurales, sin resistencia al fuego, porque no cumplieron con los estándares, modificando los proyectos que fueron aprobados, usando materiales no certificados. Paramos la obra, nos querellamos por cuatro delitos porque son fraude al fisco, estafa al fisco, y la estamos demoliendo. Tengo 10 funcionarios sumariados por no fiscalizar.

—¿Qué va a pasar con las viviendas de Lomas La Torre?

Ya se informó, se ordenó la paralización de cinco viviendas que tenían los problemas denunciados por los vecinos. Fui personalmente a verlo, mandé un equipo de la DITEC, que es el área de ingeniería que tengo en el ministerio, que me revisa todo lo que es calidad de construcción. Hicieron un informe: tienen problemas, los mismos que detectamos en El Olivar. Las empresas construyen, voy a poner un ejemplo: los pilares tienen que ser de cierto grosor en el proyecto, pero cuando en la obra son más chicos, no usan los paneles certificados, reducen los costos en obra. Paralizamos la obra e instruimos a la constructora que resuelva los problemas. Si no resuelve, nos vamos a querellar y vamos a demoler, porque usted comprenderá que si estamos reconstruyendo y la constructora me dice ‘yo le refuerzo las casas’… ¿Cómo me va a reforzar una casa con riesgo sísmico? Esto es una casa nueva; usted tiene que hacerla con el cálculo estructural que evite el riesgo sísmico. Nosotros pillamos que habían usado materiales truchos. Entonces, en Lomas La Torre ya tenemos cinco casas detenidas y mandé a investigar todas las casas que eventualmente podrían demolerse.

—¿Y el caso de la empresa Tapusa?

Tapusa nos dejó 13 regiones botadas. Tuve que llegar a un acuerdo. Le agradezco públicamente al ministro Rau del Trabajo que, en tiempo récord, con la Dirección del Trabajo, pudimos pagarle a los trabajadores. Dejó a 300 trabajadores en la calle. Nosotros, como somos deudores solidarios, me había quedado en Concepción ese día hasta las 12, porque me tincaba que esta empresa no iba a responder. A las doce en punto ordené que retuvieran la boleta de garantía y así le hemos podido pagar a los trabajadores. Lo de Tapusa es una vergüenza. Vamos a buscar las responsabilidades legales, porque nos están afectando la calidad de vida de tres regiones. En el caso de O’Higgins y Biobío, de obras muy importantes; en Ñuble, están casi todas terminadas.

Tierras indígenas

—Uno de los anuncios de la cuenta pública tiene que ver con eliminar restricciones sobre tierras indígenas, lo que permitirá arrendar, vender, hipotecar. ¿Cómo se protegen esas tierras? Hay quienes dicen que vender o hipotecar la tierra termina con la existencia de costumbres y tradiciones.

Lo que el Presidente ha privilegiado es la libertad de la familia, independiente de su origen, para poder decidir qué hacer con sus tierras. Nosotros no podemos tener una restricción que afecte a personas por ser de un origen, que no puedan hacer lo que hacen todos los chilenos. Si hay personas que quieren mantener sus tierras, están en toda libertad de hacerlo, pero hay muchas personas que no quieren hacerlo, que necesitan los recursos, que quieren arrendar, quieren moverse a otra región o que quieren producir mejor. Lo que está haciendo el Presidente es retomar una voluntad que nace de las personas del pueblo mapuche que quieren arrendar sus tierras, que no piensan todos de la misma manera, porque esto no es un regimiento. Además, permite consolidar el principio de libertad de elección sobre sus tierras.

—¿Cómo concibe la protección de esas tierras? ¿No hay un bien mayor de proteger todo eso para que no venga un inversionista y ofrezca millones de dólares?

Eso pasa hoy día en todas las comunidades. Le podría decir, por ejemplo, una zona típica, Barrio Concha y Toro o cualquier barrio que está protegido por un bien mayor, pero un inversionista igual puede venir y comprárselo. ¿Cómo yo le voy a prohibir a una persona vender un terreno en función de un objetivo que nadie lo compensa por eso? En muchos casos, lo que hemos visto en la Araucanía es que las familias están en una condición de pobreza, de desempleo, de falta de productividad. El Presidente lo dijo en su cuenta: son tierras que no están producidas. Las familias muchas veces no tienen los recursos para producirla, ni las energías para producirla. Nosotros no podemos forzar una situación artificial en pos de un bien común que es bastante abstracto.

—Las tierras mapuche, ¿tienen el mismo valor que las tierras en Providencia, por ejemplo?

Pensamos que todos los chilenos son iguales ante la ley. No lo pensamos nosotros, lo dice la Constitución. Estamos en zonas rurales versus zonas urbanas. Allá, en casos rurales, no puedo hacer edificios. Si usted me pregunta si las personas tienen la misma libertad en Providencia que en Araucanía, yo creo que sí, debieran tener la misma libertad. ¿Y es justo que una persona por ser mapuche tenga más restricciones respecto a su tierra? No, no es justo. Todos los chilenos tienen que tener las mismas libertades respecto al uso de su tierra.

—¿Y el resguardo?

El resguardo lo fija cada persona. Yo pregunto de vuelta a las personas que defienden esto: ¿quién compensa a esas familias por el hecho de no poder vender, arrendar o explotar? ¿Quién se hace cargo de la subexplotación que hay hoy día porque las familias no tienen los recursos para hacerlo o simplemente porque se quieren mover o quieren vender o arrendar para poder ir a Temuco a vivir o para poder irse a Coyhaique? ¿Por qué nosotros tendríamos como Estado que obligarlos casi a vivir ahí en condiciones de pobreza? Es injusto y además muy poco equitativo respecto al resto de las familias chilenas.

—Usted dijo en una entrevista anterior que si en 15 meses no hacía la pega, se iba. ¿Lo sostiene?

Me equivoqué ahí. ¿Por qué? Porque quien finalmente define eso es el Presidente. Yo no puedo decir si yo me voy o no, eso lo define el Presidente. Lo que sí dije y lo que sostengo es que yo tengo que terminar las viviendas en un plazo acotado, que en ese caso eran 15 meses, y bueno, el Presidente definirá después qué pasa conmigo.

—¿No se le despertó algún bichito con el aplausómetro de ayer, ser uno de los ministros mejor evaluados?

No, mire, yo ya tengo 58 años, soy joven, no tengo pelo, entonces uno ya… El ego no es una ventaja de envejecer. Lo que me reconforta es que estamos haciendo la pega que el Presidente nos pidió. Si estamos bien evaluados, quiere decir que la gente está conforme hasta el momento, porque usted sabe que esto es muy volátil. Uno un día puede estar acá, otro allá. No hay que creerse el cuento.

—¿No quiere ser Presidente?

Por supuesto que no. Mire, yo toda mi vida trabajé en mi oficina muy feliz. Me metí a ser alcalde, perdí, fue terrible perder. Volví a mi oficina y el Presidente me pidió ser ministro. Estoy feliz como ministro, vamos a trabajar con él hasta que lo estime y después me iré a mi casa, a seguir trabajando en mi oficina o a escribir libros. No sé, quizás ponga un podcast. Yo estoy hoy día concentrado en mi pega, que es una pega muy demandante. Y no creerse el cuento, porque si uno se cree el cuento, está complicado. Al final del día, lo que se requiere es mucho aterrizaje. Cuando uno aterriza, conecta con la ciudadanía y tiene empatía, es cuando se ve la pega.