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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Gobierno remueve a Macarena Cortés como directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas luego de menos de seis meses en el cargo, solicitándole la renuncia en reunión con autoridades de justicia. Su sucesor será designado por Alta Dirección Pública. La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) rechaza destitución por temor a retrasos en la reforma, exigiendo continuidad técnica y laboral en el nuevo servicio.

No alcanzó a durar seis meses en el cargo y hoy el Gobierno decidió remover como directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas a Macarena Cortés.

Cortés se convirtió, al momento de asumir, en la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

Lo anterior, según La Tercera, tras una reunión con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario del ramo, Luis Silva (Republicano), donde se le pidió la renuncia.

Según información, la abogada cuenta con buena “calificación” por parte del gobierno de José Antonio Kast, pero la decisión estaría motivada por “dar otro enfoque a la entidad”.

Por otro lado, su sucesor será definido, según Gobierno, por Alta Dirección Pública.

Gremios rechazan destitución por posibles retrasos

Por medio de un comunicado público, la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) rechazó la desvinculación de Cortés, advirtiendo que el cambio de autoridad no puede transformarse en un obstáculo para el avance de la reforma.

La entidad que agrupa a trabajadoras y trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, puntualizó que la búsqueda de una nueva autoridad “debe garantizar continuidad técnica y política en la implementación del nuevo servicio”

Victoria Escalante, presidenta de Fenadaj, puntualizó que “la creación de esta nueva institucionalidad responde a una demanda histórica y que su éxito depende también de abordar las condiciones laborales de quienes actualmente sostienen el sistema de asistencia jurídica”.

“Las y los trabajadores han mantenido durante décadas el funcionamiento de las Corporaciones de Asistencia Judicial en condiciones de precarización, sobrecarga y falta de reconocimiento institucional”, señaló.

Por ello, llamaron al Gobierno a actuar “con responsabilidad y celeridad”, resguardando el objetivo central de la reforma: fortalecer el acceso a la justicia para las personas más vulnerables y construir una institucionalidad moderna, robusta y con trabajo decente para sus trabajadores y trabajadoras.