Republicanos piden acelerar trámite de proyecto que prorroga plazo para regularizar derechos de agua

Diputados republicanos (REP) pidieron a la Mesa de la Cámara Baja poner en tabla el proyecto de ley que busca ampliar el plazo para regularizar e inscribir derechos de aprovechamiento de aguas, con el objetivo de acelerar su tramitación.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Recursos Hídricos, ampliando el plazo establecido en la Ley 21.435 de cinco a diez años, es decir, hasta el 6 de abril de 2032.

Entre los parlamentarios que impulsaron la propuesta se encuentran Sebastián Cristoffanini, Cristián Menchaca y Daniel Bustos.

La normativa vigente fija como fecha límite el 6 de abril de 2027 y buscaba facilitar una transición gradual hacia el nuevo régimen jurídico, entregando certezas a usuarios y permitiendo aplicar de manera progresiva las nuevas exigencias legales.

Pese a ello, los cambios de la reforma, junto con dificultades técnicas, administrativas y económicas, han complicado los procesos de regularización, especialmente en zonas rurales y territorios afectados por la escasez hídrica.

Republicanos piden acelerar trámite de proyecto que prorroga plazo para regularizar derechos de agua

Sobre esto, el diputado y presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Daniel Bustos, señaló que la implementación de la reforma al Código de Aguas “evidencia que un número significativo de usuarios aún no ha logrado completar los procedimientos de regularización exigidos por la normativa vigente”.

“La prórroga responde también al volumen de solicitudes y la necesidad de fortalecer capacidades técnicas en los organismos competentes, que han generado retrasos en la tramitación de expedientes y en la resolución de solicitudes”, complementó.

Por su parte, el diputado Sebastián Cristoffanini destacó que pequeños agricultores, comunidades rurales, sistemas de agua potable rural (APR) y organizaciones de usuarios tienen dificultades para cumplir con los requisitos legales.

Esto sobre todo en regiones afectadas por la escasez hídrica estructural.

“La mantención del plazo vigente, sin una prórroga razonable, podría generar efectos adversos relevantes, tales como la pérdida de derechos de aprovechamiento de aguas por razones administrativas, la inseguridad jurídica en el uso del recurso hídrico, la afectación de actividades productivas esenciales y el debilitamiento de la implementación efectiva de la reforma legal vigente”, dijo.

Finalmente, el diputado Cristián Menchaca insistió en que el proyecto debe ser votado pronto en la Sala. “La prórroga del plazo constituye una medida proporcional que permite consolidar la reforma legal, sin generar efectos negativos en los usuarios del recurso hídrico”, sostuvo.

“La política pública en materia de recursos hídricos ha evolucionado hacia un modelo de gestión sostenible, que busca equilibrar el uso productivo del agua con la protección ambiental y la seguridad hídrica de la población, por lo que la adecuada regularización de derechos de aprovechamiento de aguas es un elemento esencial para la implementación de este modelo”, culminó.