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Usar las ineficiencias como justificación para recortar el presupuesto es invertir la lógica: primero se sanea la gestión, luego se conversa sobre cuánto puede ahorrarse. No al revés.
En Chile hay cientos de miles de personas esperando una cirugía y más de dos millones aguardando una consulta de especialidad en el sistema público. Esa es la realidad concreta detrás de cada cifra presupuestaria. Mientras el país no termina de cerrar esa brecha histórica, el Ministerio de Hacienda ha decidido recortar el presupuesto del sector Salud, y la ministra May Chomalí ha optado por defender la medida con un argumento que no resiste el escrutinio: el problema, dice, son las “ineficiencias” del sistema.
Permítanme ser claro. No se puede pedir más con menos. Y no se le puede asegurar a un país que el ajuste fiscal “no afecta la atención médica” cuando los hospitales públicos llevan años funcionando al borde del colapso.
Según el informe Health at a Glance 2025 de la OCDE, Chile destina el 10,5% de su PIB a salud, por sobre el promedio OCDE (9,3%). A primera vista parece una cifra positiva. La verdad es otra: ese gasto se sostiene en gran parte sobre las espaldas de los hogares. Mientras el promedio OCDE de gasto de bolsillo —lo que las familias pagan directamente cuando un hijo se enferma o un adulto mayor necesita un examen— es de cerca de 15%, en Chile asciende al 32%. Más del doble.
El gasto público en salud chileno, en cambio, ronda el 5,8% del PIB, por debajo del promedio OCDE que se acerca al 6,9%. Por persona, Chile invierte US$3.749, frente a los US$5.967 del promedio OCDE. Es decir: tenemos un Estado que destina menos a proteger la salud de sus ciudadanos, y unas familias que gastan más de su propio bolsillo para suplir esa carencia.
En este contexto, ¿cuál es la respuesta del Gobierno? Recortar.
La ministra Chomalí ha dicho que “existen muchas ineficiencias en el sector” y que se está “llamando a controlar el gasto”. Habla de medicamentos vencidos, compras directas, licencias irregulares y pabellones suspendidos. Todos esos problemas existen y deben corregirse. Pero usar las ineficiencias como justificación para recortar el presupuesto es invertir la lógica: primero se sanea la gestión, luego se conversa sobre cuánto puede ahorrarse. No al revés.
La autoridad sanitaria también ha intentado tranquilizar afirmando que “no estamos tocando la atención médica”. La frase suena bien en el papel. En la práctica, en un sistema que ya está al límite, cada peso que se quita compromete inevitablemente la atención: menos insumos, menos turnos, menos exámenes a tiempo, más esperas. Llamarlo de otro modo es, como bien describió la prensa esta semana, indolencia frente al temor de los ciudadanos.
Y hay una dimensión política que tampoco se puede pasar por alto: responsabilizar exclusivamente a los directores de servicios de salud —como hizo la ministra al señalar que “varios de los directores de servicio nosotros los cambiamos apenas llegamos”— es un gesto de evasión. Los problemas estructurales del sistema no se resuelven cambiando funcionarios. Se resuelven con una política sanitaria coherente y con un presupuesto que esté a la altura del país que decimos querer ser.
¿Qué hay en juego entonces?
Mucho más de lo que el Gobierno reconoce.
Primero, las listas de espera. Cualquier recorte presiona el estancamiento en el que estamos hace años.
Segundo, la atención primaria. La APS es la puerta de entrada al sistema, y los alcaldes —que conocen cada consultorio de su comuna— ya han expresado su preocupación a la ministra. No están exagerando.
Tercero, los programas de cáncer, salud mental y enfermedades crónicas, que dependen de financiamiento sostenido. Cualquier ajuste en estas áreas tiene consecuencias humanas que no se reflejan en una planilla Excel.
Cuarto, el gasto de bolsillo. Si el Estado financia menos, las familias terminarán financiando más. Eso es regresividad pura: los más afectados serán quienes menos pueden pagarlo.
Todo esto se puede traducir, sin duda alguna, en disminución en la prevención de enfermedades, diagnósticos tardíos, enfermedades que se agravan e incluso la muerte de pacientes.
Y por si no ha quedado claro: no estoy en contra de la eficiencia. Estoy en contra de que la eficiencia se use como un eufemismo para abandonar a la gente. La discusión presupuestaria es la conversación más política y más social que tenemos como país: dice qué nos importa y qué estamos dispuestos a defender.
Desde el Congreso seguiremos vigilantes. La salud no es una línea más del presupuesto: es la primera promesa que un Estado le hace a quienes lo habitan. Cumplirla no es un favor. Es una obligación.
