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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Gobierno realizó un tercer vuelo de expulsión desde Chile, llevando a 58 colombianos y 22 bolivianos con antecedentes penales. Entre ellos estaba Michael Gonzalez Hoyos, quien cometió un asesinato en 2015. En 2026, 3.229 personas han salido del país, 2.446 de manera voluntaria. Se han expulsado 780 individuos este año. La ley de extranjería permite a la PDI retener a personas en proceso de expulsión por 5 días.

El Gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión desde territorito nacional, el tercero de ellos en 40 días.

Según informaron, se trata de 58 ciudadanos colombianos y 22 bolivianos que mantenían antecedentes penales y órdenes de expulsión vigentes.

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El recorrido, operado por una aerolínea privada, contempló una escala en el aeropuerto Internacional Diego Aracena de Iquique, para luego dirigirse a Bolivia y finalmente a Colombia.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, precisó que dentro de ellos, figura “Michael Gonzalez Hoyos, ciudadano colombiano quien conmocionó a la opinión pública en 2015 al haber asesinado a una persona”.

De acuerdo a cifras oficiales entregadas por el Gobierno, en lo que va del año 3.229 personas han salido de territorio nacional a través del plan migratorio del Ejecutivo, de las cuales 2.446 han sido expulsiones voluntarias.

Sobre esto, el Director del Servicio Nacional de Migración y Extranjería, Frank Sauerbaum, detalló las cifras, mencionando que van “780 personas expulsadas durante este año 2026”.

Por otro lado, el Prefecto Inspector de la PDI y Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, Ernesto León, explicó que la ley de extranjería “nos faculta a tener a las personas en proceso de expulsión durante 5 días en nuestro cuartel para indentificarlos plenamente”.

El Gobierno, además, estaría impulsando una reforma a Ley de Migraciones para facilitar las expulsiones, restringir beneficios sociales a quienes se encuentren de manera irregular, la implementación de un control biométrico y la obligación de entidades estatales de reportar y entregar datos de las personas que no tengan su situación migratoria al día.