El director nacional de la Junaeb, Fernando Peña, salió a enfrentar la controversia por los oficios filtrados desde Hacienda —vinculados a eventuales ajustes presupuestarios— y buscó despejar el principal temor instalado en el debate: que el Programa de Alimentación Escolar pudiera verse afectado.
En ese escenario, Peña buscó dejar claro que la operación está garantizada y no habrá interrupciones en el programa, pero puso el foco es buscar espacios de eficiencia y mejoras.
“Todos coinciden en que el programa de alimentación escolar tiene deficiencias y oportunidades de mejora, que son de público conocimiento”, afirmó.
Director Junaeb garantiza continuidad de programa de alimentación
En medio de críticas y desconfianza desde distintos sectores, Fernando Peña enmarcó la polémica en un problema de interpretación y comunicación respecto de los oficios, y recalcó que lo conocido corresponde a procesos habituales de evaluación del gasto público, no a decisiones de recorte ya adoptadas.
El énfasis del director estuvo puesto en la magnitud del programa: actualmente entrega cerca de 4 millones de raciones diarias —entre desayunos y almuerzos— desde Arica a Punta Arenas, beneficiando a casi 2 millones de estudiantes. Se trata, además, del eje central del presupuesto institucional: de los 1,2 billones de pesos anuales de la Junaeb, más del 90% se destina precisamente a la alimentación escolar.
Con ese contexto, Peña insistió en una idea clave: “el programa de alimentación va a continuar, no va a haber interrupción”, aunque matizó que eso no excluye evaluaciones permanentes, “como todos los servicios públicos”, dijo en La Tercera.
El director también abordó la inquietud que generaron estos antecedentes en actores clave del sistema, como las manipuladoras de alimentos. Tras una reunión con sus representantes, aseguró que se les transmitió que no existe una decisión de recorte, sino información en el marco de la discusión presupuestaria.
Igualmente, reconoció que la comunicación inicial pudo generar alarma. “Entiendo la preocupación e incertidumbre que esto generó”, señaló, valorando los esfuerzos por aclarar el escenario e “ir cerrando esta polémica”.
En esa línea, reforzó su mensaje político-técnico: “Yo hago un llamado a la tranquilidad”, subrayando que, incluso en el debate del Presupuesto 2027, “en ningún caso se pretende afectar las raciones ni los beneficiarios”.
Diagnóstico: debilidades estructurales y margen de mejora
Más allá de la contingencia, Peña transparentó un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del programa. “Todos coinciden en que el programa de alimentación escolar tiene deficiencias y oportunidades de mejora, que son de público conocimiento”, afirmó.
Entre los puntos más sensibles mencionó el modelo de licitaciones, particularmente en la optimización de precios. A ello se suma un flanco histórico: el sistema de multas por incumplimientos contractuales. “Hay debilidades, es evidente”, reconoció, apuntando a la necesidad de modernizar procesos y fortalecer la supervisión.
De hecho, relató que uno de los focos inmediatos está en resolver contratos antiguos —algunos con procesos de multas que se arrastran desde 2015—, lo que para la actual administración constituye una urgencia operativa.
Frente a la pregunta de fondo —cómo sostener o mejorar el programa en un escenario de presión fiscal— Peña planteó que la estrategia está en la eficiencia, no en la reducción de cobertura.
“En la argumentación que enviamos a Dipres hemos planteado la necesidad de mantener la operación del programa con cifras muy parecidas a las del año en curso”, explicó, enfatizando que el objetivo es “gestionar espacios de eficiencia sin afectar la cobertura, ni las raciones”.
Otras áreas bajo revisión
La revisión impulsada desde Hacienda no se limita al programa de alimentación. El director de Junaeb admitió que existen otras líneas de acción con evaluaciones desfavorables, como el sistema de la TNE.
“La operación es carísima y mal evaluada por los usuarios”, dijo, apuntando a procesos engorrosos como la revalidación. En esa línea, planteó que hay múltiples espacios de modernización que podrían traducirse en ahorros relevantes.
Por ahora, al menos en el discurso oficial, la postura de las autoridades es que no habrá recorte en raciones ni en beneficiarios. La interrogante que queda abierta es si las mejoras prometidas serán suficientes para responder a las críticas sin afectar la confianza en el sistema.
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