Chile dejó hace años de mirar el crimen organizado como un fenómeno ajeno. La expansión de bandas transnacionales, el alza de delitos violentos y la irrupción de nuevas formas de control territorial cambiaron el mapa de la seguridad pública. En ese escenario, una investigación de 29 páginas elaborada por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello pone el foco en una organización menos visible mediáticamente que el Tren de Aragua, pero igualmente relevante para los organismos de persecución penal: Los Valencianos.
El estudio, firmado por Pablo Urquízar y Bernardita Rosales, fechado en marzo de 2026, concluye que la agrupación “constituye una organización criminal estructurada, con permanencia en el tiempo, jerarquización interna y diversificación delictiva”. No se trata, por tanto, de una banda improvisada ni episódica, sino de una estructura con continuidad, capacidad de reorganización y expansión internacional.
La advertencia central del documento es política, policial y judicial al mismo tiempo, al sostener que la amenaza de Los Valencianos no debe medirse únicamente por la cantidad de integrantes o por su exposición pública, sino por su disposición al uso de violencia letal, por su inserción en territorios vulnerables y por su resistencia frente a golpes policiales. Dicho de otro modo, aun cuando se detenga a células operativas, la organización puede “rearticularse”.
El informe sitúa el origen de la banda en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, Venezuela, territorio del que toma su nombre. Desde allí se habrían detectado células operativas en Lara, Guaira, Portuguesa y Yaracuy, lo que demostraría una expansión temprana dentro del propio territorio venezolano.
Aunque existen distintas versiones sobre su nacimiento, los autores señalan que no hay evidencia concluyente para afirmar que se trate de una escisión del Tren de Aragua. Por el contrario, la investigación sostiene que Los Valencianos se consolidaron como una organización autónoma, con liderazgo propio y redes diferenciadas. Esa autonomía es clave para entender la rivalidad posterior con la estructura nacida en Tocorón.
Su crecimiento se habría producido en medio de la crisis política, económica y social venezolana. El deterioro institucional, la proliferación de economías ilegales, lo que ayudó al lavado de activos, y la migración masiva abrieron rutas para la internacionalización de organizaciones criminales, que aprovecharon flujos migratorios irregulares y vacíos estatales en países receptores como ocurrió con Chile.
La guerra con el Tren de Aragua
Uno de los ejes más relevantes del informe es la disputa entre Los Valencianos y el Tren de Aragua. El texto los define derechamente como “archirrivales” y sostiene que la confrontación no responde a diferencias simbólicas, sino a una competencia directa por mercados ilícitos altamente rentables.
¿La disputa? Control territorial, tráfico de drogas, explotación sexual, extorsión y cobro de plazas. En la lógica del crimen organizado, explican los autores, en un territorio determinado solo puede existir un actor hegemónico. La coexistencia es inestable y suele resolverse con violencia.
La investigación añade un elemento estratégico: la violencia también cumple una función comunicacional. Sirve para exhibir poder de fuego, disuadir rivales, disciplinar subordinados y consolidar reputación criminal. En ese ecosistema, matar no solo elimina competidores; también envía mensajes.
Llegada a Chile: frontera norte y salto a Santiago
Según el documento de la UNAB, Los Valencianos habrían ingresado a Chile en 2021 por pasos fronterizos no habilitados en la zona norte. El patrón coincide con otras organizaciones transnacionales que primero utilizan territorios de tránsito y luego desplazan operaciones hacia centros urbanos más densamente poblados.
Tras esa primera fase, la expansión habría alcanzado la región Metropolitana, particularmente comunas como Estación Central y Santiago. Allí el interés no sería casual: son zonas con alta movilidad, fuerte circulación de dinero informal, arriendo precario, comercio intenso y presencia de poblaciones vulnerables, factores que pueden ser explotados por redes criminales.
El informe advierte que el control territorial no implica solo cometer delitos en un lugar, sino imponer reglas informales, cobrar cuotas, decidir quién opera y utilizar violencia sistemática para disciplinar a víctimas y rivales. Ese fenómeno es descrito como “gobernanza criminal”, es decir, la instalación de un poder paralelo donde el Estado retrocede.
La estructura descrita por los investigadores combina liderazgo central con células relativamente autónomas. Ese modelo mixto permite flexibilidad, compartimentación de información y menor exposición de las jefaturas. Si cae una célula, no necesariamente cae toda la red.
Entre los métodos operativos atribuidos a la organización aparecen comunicaciones en clave, uso de lenguaje codificado y empleo de negocios de fachada, dentro de ellos lavan dinero con restaurantes, almacenes, peluquerías. A ello se suman cobros extorsivos a comercios legítimos bajo amenaza de violencia, como se ha denunciado en las comunas de Santiago y Estación Central.
El documento añade que pertenecer a la organización entregaría un estatus superior frente a otros actores criminales y que el objetivo sería monopolizar la actividad delictiva en la zona dominada: drogas, homicidios, explotación sexual, secuestros o robos con violencia.
El portafolio criminal
Los delitos asociados a Los Valencianos son múltiples. El informe menciona tráfico de drogas, extorsión, secuestro, homicidio, explotación sexual, tráfico de migrantes y sicariato. También los vincula con armas de fuego ilegales, logística para ilícitos y munición balística.
En materia de narcotráfico, se les asocia a distribución de cocaína, marihuana y ketamina, además de resguardo armado de operaciones. La violencia, en ese contexto, no sería un exceso, sino una herramienta funcional para asegurar mercados y expulsar competidores.
En extorsión, el mecanismo sería el cobro de “cupos” o “plazas” dentro de territorios bajo influencia. Es una caja permanente de ingresos y, al mismo tiempo, una forma de dominación territorial. Quien paga reconoce poder; quien se resiste se expone.
El informe dedica un apartado especialmente sensible a la explotación de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, particularmente en trabajo sexual forzado. Los autores hacen una prevención explícita: esto no debe confundirse con criminalizar la migración, sino con evidenciar cómo la precariedad puede ser instrumentalizada por estructuras delictivas.
El primer antecedente documentado que recoge la investigación data de 2011 en Venezuela. Una denuncia anónima alertó sobre sujetos sospechosos al interior de vehículos en el estado de Vargas. El procedimiento derivó en detenciones e investigación por asociación para delinquir, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. Para los autores, es uno de los primeros registros judiciales que acreditan una estructura organizada.
En 2015, otro operativo en Yucaray permitió identificar a Álvaro Luis González como cabecilla de la organización en esa etapa. Se le atribuían múltiples homicidios y vínculos con otros crímenes graves. El procedimiento terminó con su detención y fue considerado uno de los golpes más relevantes de entonces.
En mayo de 2022 cayó otro líder: Carmelo Antonio Fragoso Molina, alias “El Carmelo”, abatido en Venezuela tras un enfrentamiento con fuerzas policiales. Según el informe, durante la acción hubo uso de granadas y disparos, además de detenciones de otros integrantes y decomiso de armamento. El episodio mostró la capacidad del grupo para enfrentar a policías con alto poder de fuego.
Ese mismo año, en septiembre, la PDI y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte detectaron y desarticularon en Santiago una célula operativa mediante seguimientos, interceptaciones y allanamientos en Estación Central y Santiago. Se incautaron drogas, armas y municiones. El hallazgo confirmó presencia estructurada en la capital, aunque no significó el fin de la organización.
Cifras que explican la alerta
El informe inserta a Los Valencianos en una crisis mayor. Entre 2014 y 2024, en Chile los homicidios aumentaron 86%, los secuestros 74%, el tráfico de sustancias 29% y el porte ilegal de armas o explosivos 62%. Las denuncias por extorsión pasaron de 4 a 303 casos.
En cárceles, la situación tampoco mejora. Entre 2015 y 2024, las incautaciones de droga crecieron 1.205%, las extorsiones 5.100% y se decomisaron 117.765 celulares. Para los autores, existe una “triada” compuesta por violencia, mercados ilícitos y corrupción dentro del sistema penitenciario.
Enviando corrección, espere un momento...
