Ad portas del inicio del juicio oral del denominado caso “Audio-Factop”, la defensa del abogado Luis Hermosilla solicitó una nueva diligencia clave: tomar declaración a la exjefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera.
El objetivo de esta acción apunta a reforzar la estrategia del imputado, buscando incidir en la interpretación de los hechos que investiga la fiscalía y, eventualmente, recalificar el presunto delito de tráfico de influencias como “gestiones privadas”.
La petición surge luego de la declaración de la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, realizada el pasado 7 de abril, diligencia que abrió nuevas aristas en la causa. A partir de ese antecedente, la defensa busca ampliar el marco de análisis del caso y cuestionar la tesis del Ministerio Público.
Estrategia para tensionar la tesis de la fiscalía
La solicitud de citar a Herrera no se da de manera aislada. Ocurre en paralelo a la petición de la Fiscalía Oriente de ampliar el plazo de investigación, lo que abre una nueva ventana procesal que la defensa intenta aprovechar para incorporar antecedentes.
En ese contexto, una de las líneas apunta a esclarecer la naturaleza del vínculo entre Hermosilla y autoridades del propio Ministerio Público, particularmente en el marco del proceso de designación del Fiscal Nacional en 2022.
La defensa sostiene que las gestiones realizadas por el abogado se enmarcan en relaciones privadas y profesionales legítimas, y no en el uso indebido de influencias. Por ello, el testimonio de Marta Herrera sería considerado clave para respaldar esa interpretación.
El foco estaría en la calificación jurídica
Desde el mundo académico, el abogado y docente de la Universidad Autónoma de Chile, Óscar Olivares, explicó que más que “reconvertir” el caso, la estrategia de la defensa apunta a cuestionar la calificación jurídica de los hechos investigados.
“Buscan establecer que las gestiones del imputado no se realizaban bajo el nexo de funcionario público, sino en su calidad de abogado particular con redes de contacto lícitas. A través del testimonio de Marta Herrera, la defensa pretende demostrar que la relación y los apoyos solicitados, específicamente para su candidatura a Fiscal Nacional en el año 2022, eran de carácter privado y profesional y no una red de influencias ilícitas”.
En la misma línea, el penalista de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, indicó que si prospera esta interpretación, las actuaciones podrían ser entendidas como gestiones lícitas entre particulares, descartando la figura penal de tráfico de influencias.
“En ese caso, que se entendiere que es funcionario público y en realidad estamos meramente ante un tema de gestión, un tema de gestión de carácter privado, una ayuda que no sea constitutivo de delito y por tanto no corrompería el sistema o el funcionario público en su cargo respecto de quién está tratando de ser influenciado”.
Será el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el que deberá pronunciarse sobre estas solicitudes. La audiencia está fijada para el próximo 4 de mayo, instancia en la que se definirá tanto la eventual ampliación de la investigación como la inclusión del testimonio de Marta Herrera en la causa.
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