No todas las familias enfrentan las crisis de la misma manera, ni cuentan con las mismas herramientas.

En las últimas semanas, el debate público ha estado marcado por cifras que tensionan la vida cotidiana: aumentos significativos en el precio de los combustibles, con efectos que van mucho más allá del costo de llenar un estanque.

En una economía altamente dependiente del transporte terrestre, estas alzas impactan directamente en el precio final de bienes básicos, desde el pan hasta las legumbres. Así, lo que parece una discusión técnica termina traduciéndose en una preocupación concreta para miles de hogares: cómo llegar a fin de mes.

El encarecimiento sostenido del costo de la vida no solo reduce el poder adquisitivo, sino que también profundiza dinámicas de endeudamiento y precariedad financiera.

Para muchas familias, ajustar el presupuesto ya no es una opción suficiente. La planificación económica tradicional —basada en el ahorro y el control del gasto— se vuelve limitada frente a un escenario donde los precios responden a factores estructurales y externos.

En este contexto, es necesario ampliar la forma en que entendemos los problemas económicos. No se trata únicamente de decisiones individuales, sino de relaciones sociales atravesadas por el territorio, el género y las condiciones laborales.

Decirle a una familia que “gaste menos” pierde sentido cuando el alza del pan o del transporte no depende de sus decisiones, sino de dinámicas económicas globales y locales.

Por ello, resulta clave avanzar hacia enfoques que integren dimensiones sociales en el análisis económico.

Comprender cómo las personas organizan sus recursos, qué estrategias despliegan para enfrentar la incertidumbre y cuáles son las redes de apoyo disponibles permite diseñar respuestas más pertinentes y efectivas. No todas las familias enfrentan las crisis de la misma manera, ni cuentan con las mismas herramientas.

En tiempos de inflación y alta incertidumbre, la discusión no puede limitarse a indicadores macroeconómicos. Es fundamental incorporar la experiencia cotidiana de los hogares y reconocer que la estabilidad financiera es también una condición para el bienestar social.

Fortalecer capacidades, promover el acceso a información y generar políticas que consideren estas realidades son pasos necesarios para enfrentar un escenario que, para muchos, ya se ha vuelto insostenible.

Lorena Pérez-Roa
Coordinadora del Diplomado en Bienestar Socioeconómico
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile

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