En Chile, las brechas siguen marcando la vida cotidiana de millones de personas y como país seguimos teniendo un inmenso desafío en la gestión social, en ámbitos tan relevantes como la educación, salud, infancia y protección social.
Durante años, hemos apostado por el crecimiento económico como único motor del desarrollo. Sin embargo, el progreso material no ha garantizado necesariamente bienestar.
Según la encuesta CASEN, más del 6,5% de la población vive aún en situación de pobreza por ingresos, y cerca del 27% presenta carencias multidimensionales. Estas cifras no son solo el resultado de la falta de programas sociales, sino que principalmente de la ausencia de articulación entre ellos.
La educación es un ejemplo claro. A pesar de los avances en cobertura y gratuidad, seguimos enfrentando grandes desigualdades en calidad.
Las pruebas SIMCE y PISA muestran brechas persistentes entre colegios públicos y privados, y la pandemia profundizó la deserción y las diferencias en aprendizajes. Chile necesita pasar de una lógica de cobertura a una de calidad y equidad.
En salud, la situación no es distinta. El sistema público atiende al 80% de la población, pero con listas de espera que superan los dos millones de atenciones y una creciente desigualdad frente al sistema privado. La respuesta no pasa solo por más presupuesto, sino por gestión eficiente, interoperabilidad de datos y planificación estratégica.
La salud digital, la telemedicina y la atención primaria integrada pueden ser grandes aliados si se implementan con visión y continuidad.
El tercer eje —la protección de la niñez— es quizás el más urgente. Chile no puede seguir naturalizando la precariedad institucional en la protección de niños, niñas y adolescentes.
La creación del Servicio de Protección Especializada fue un paso necesario, pero aún falta fortalecer su capacidad técnica, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar estabilidad presupuestaria y del personal. Un país se mide, en gran parte, por cómo cuida a su infancia.
La gestión social moderna exige cambiar la lógica del asistencialismo por una mirada de inversión social, basada en evidencia y orientada a resultados.
Ello implica evaluar políticas públicas con rigor, usar tecnología para integrar información y tomar decisiones informadas, pero, sobre todo, escuchar a las comunidades. Las soluciones más sostenibles suelen surgir desde los territorios, no desde los escritorios.
En este proceso, la colaboración público-privada se vuelve clave. Ni el Estado ni el sector privado pueden abordar solos desafíos de esta magnitud.
Las alianzas entre ministerios, municipios, empresas, fundaciones y universidades pueden acelerar transformaciones estructurales en educación, salud y niñez, combinando innovación, capacidad de gestión y propósito social. Nosotros como organización observamos día a día los resultados positivos que genera este trabajo conjunto.
La colaboración público-privada puede ser el puente entre la eficiencia y la equidad, entre el crecimiento y la cohesión. Solo uniendo voluntades podremos construir un Chile más justo, inclusivo y humano.
Nicolás Canales
Director Operativo de Desafío Levantemos Chile
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