El costo oculto de eliminar las contribuciones

Bajo aparentes buenas intenciones, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta que resulta peligrosa en la práctica: la exención generalizada de las contribuciones a la primera vivienda, comenzando por los mayores de 65 años.

Esta reforma amenaza a uno de los pocos mecanismos solidarios de distribución de la riqueza entre comunas y pone en riesgo la columna vertebral de los servicios públicos municipales, lo que, en la práctica, podría significar una mayor desigualdad en los sectores de menores ingresos.

Las Contribuciones o Impuesto Territorial representan cerca del 56% del Fondo Común Municipal y financian la operación de las comunas más vulnerables. En el primer semestre de 2025, representaba el 55,4% del Fondo y alcanzó el 75% de los ingresos en 200 comunas del país.

Mientras tanto, las comunas de mayores ingresos apenas dependen de él: Lo Barnechea (2,20%), Las Condes (2,23%), Vitacura (2,74%) y Providencia (3,2%) operan con holgura gracias a que concentran sedes de banca nacional e internacional, casas matriz de empresas y barrios residenciales de alto valor comercial.

Esto muestra una evidente brecha: mientras algunos municipios se financian gracias a la concentración de la riqueza, la mayoría sobrevive gracias a un mecanismo de solidaridad que hoy se busca debilitar.

Para enmarcar mejor esta discusión, es importante comenzar señalando que es innegable que el sistema requiere ajustes. En la última década, el aumento de los avalúos fiscales ha impactado con fuerza a miles de familias de clase media y, muy especialmente, a personas mayores que ven cómo sus pensiones resultan insuficientes para cubrir el alza del costo de la vida.

Pensiones que se han visto fortalecidas con la reforma previsional del gobierno del presidente Boric, pero que, ante el aumento del costo de los combustibles o las medidas del mal llamado “Proyecto de Reconstrucción Nacional” del actual gobierno, se ven nuevamente amenazadas.

Sin embargo, los ajustes tributarios no pueden ser regresivos. Si el objetivo es proteger el hogar de quienes ya cumplieron su vida laboral, lo responsable es mejorar los mecanismos de exención existentes, considerando la capacidad efectiva de pago, y seguir actualizando los mecanismos para un correcto reavalúo fiscal de las viviendas. Pero resulta injustificable utilizar la vulnerabilidad de un jubilado como excusa para liberar de este pago a los sectores de mayores ingresos del país cuyos patrimonios crecen mucho más rápido que el salario mínimo o las pensiones.

En segundo lugar, es un error afirmar que el Impuesto Territorial es un cobro arbitrario. Este sistema actúa como un corazón financiero que bombea recursos desde las zonas más acomodadas y con alta plusvalía hacia las comunas más postergadas. Gracias a este aporte, se financian desde la recolección de basura y las luminarias hasta las patrullas de seguridad en los barrios donde el Estado está representado por sus municipios.

Eliminarlo sin un reemplazo directo, permanente y garantizado por el presupuesto nacional es un atentado contra la calidad de vida de miles de familias. Si se desfinancian los municipios, la boleta llegará por otra vía, pues el ahorro nominal de no pagar contribuciones se esfumará cuando una familia deba contratar seguridad privada, pagar por el retiro de desechos domiciliarios, ver cómo su entorno se degrada cuando las finanzas municipales sean insuficientes o, derechamente, los sectores empobrecidos paguen la cuenta de forma trágica cuando los municipios más dependientes del Fondo dejen de proveer servicios o deban recortar programas sociales. El gobierno solo ha dicho que hará una reposición parcial insuficiente para compensar la pérdida de ingresos; esto implica necesariamente que la propuesta deja de ser una “ayuda social” para convertirse en una transferencia de crisis a los municipios y sus administraciones.

Por último, resulta éticamente cuestionable que un gabinete compuesto por altos patrimonios inmobiliarios impulse con tanta celeridad una medida que los beneficia directamente en sus finanzas personales. La propuesta cruza lo técnico y entra al campo de un abierto conflicto de interés. ¿Cómo aseguran los ministros su imparcialidad cuando su patrimonio incluye propiedades que se verían directamente beneficiadas por lo que promueven? Esto refuerza la idea de que es pertinente que los sectores más ricos del país continúen pagando contribuciones y que dicha recaudación se destine a las comunas de menores ingresos.

Es necesario que la discusión busque garantizar la estabilidad de los presupuestos municipales y profundizar en los mecanismos de equidad territorial. Una propuesta seria y responsable es darle sostenibilidad financiera a los servicios municipales que impactan directamente en la vida de las familias y mejorar los mecanismos de exención focalizada que protejan la dignidad de las personas mayores, manteniendo la responsabilidad tributaria en quienes más tienen. Legislar para el bolsillo individual a costa del bienestar colectivo no es desarrollo, es simplemente una receta para profundizar la desigualdad y decretar el abandono de lo público.