Un nuevo error comunicacional protagonizó la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, luego de referirse a la situación judicial de Galvarino Apablaza, a quien calificó como “condenado” por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, pese a que en Chile mantiene la calidad de procesado como presunto autor intelectual del crimen.
Las declaraciones se dieron en el marco de un nuevo aniversario del homicidio del parlamentario, ocurrido el 1 de abril de 1991, hecho que este año cumple 35 años y que, como cada temporada, es recordado por dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
“Todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país”, afirmó la secretaria de Estado en rueda de prensa. En la misma línea, agregó que “vamos a avanzar en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato cumpla su condena como corresponde en nuestro país”.
Sin embargo, los dichos de la ministra Sedini generaron cuestionamientos, ya que Apablaza no ha sido condenado por la justicia chilena, sino que se encuentra procesado como presunto autor intelectual del crimen.
El error ocurre en un momento clave del proceso judicial, marcado por la etapa final de la solicitud de extradición desde Argentina, país donde el exfrentista reside desde la década de los noventa. Pese a que la justicia trasandina ya dio luz verde al procedimiento, aún resta un paso fundamental: la firma del juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 de Buenos Aires.
Este episodio con Galvarino Apablaza se suma a una serie de cuestionamientos que arrastra Sedini desde su llegada a la vocería de Gobierno. La ministra ha sido objeto de críticas por reiterados errores en sus intervenciones públicas, además de polémicas publicaciones en redes sociales donde apuntó a un supuesto “Estado en quiebra”, generando un fuerte flanco político para el Ejecutivo.
A ello se suma el episodio ocurrido a inicios de año en torno al nombramiento de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, donde una contradicción en sus declaraciones abrió dudas y tensionó la comunicación oficial, marcando uno de sus primeros traspiés en el cargo.
Galvarino Apablaza, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), es sindicado como uno de los líderes de la organización durante los años posteriores a la dictadura. Bajo el alias de “Comandante Salvador”, habría participado en la articulación del atentado que terminó con la vida de Guzmán a las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica.
Tras los hechos de 1991, Apablaza salió del país y permaneció en Cuba antes de radicarse en Argentina en 1994. En 2004, la justicia chilena lo acusó formalmente, lo que motivó una orden de captura internacional y la solicitud de extradición.
Si bien la Corte Suprema argentina autorizó su entrega a Chile, la decisión quedó sujeta al Poder Ejecutivo. En 2017, el entonces presidente Mauricio Macri revocó su estatus de refugiado, dejándolo más cerca de concretar su retorno.
Actualmente, la Policía de Investigaciones (PDI) ya dispone de un avión para materializar el eventual traslado del imputado, en coordinación con la Policía Federal argentina. De concretarse la extradición, Apablaza será puesto a disposición de la ministra en visita Paola Plaza, quien instruye la causa en Chile.
El episodio instala nuevas críticas al manejo comunicacional del Ejecutivo, particularmente en un caso de alta sensibilidad política e histórica, que sigue generando repercusiones a más de tres décadas del asesinato de Jaime Guzmán.
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