Un grupo transversal de senadores ingresó un proyecto de ley que busca fortalecer la persecución penal del crimen organizado, incorporando ajustes al Código Procesal Penal que permitan enfrentar de manera más eficaz estructuras delictivas complejas, sin alterar los principios esenciales del debido proceso, sostienen los promotores de la medida.
La iniciativa —firmada por Paulina Núñez (RN), Iván Flores (DC), Carlos Kuschel (RN), Iván Moreira (UDI) y Gastón Saavedra (PS)— responde a una constatación que se ha dado desde que el crimen organizado se asentó en el país, con el Tren de Aragua y sus variantes. De hecho, la muerte del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda, se transformó en el punto alto del problema que enfrenta el sistema chileno frente a estas organizaciones.
De hecho, uno de los nudos es que el sistema procesal vigente fue diseñado para una criminalidad individual, lo que hoy genera dificultades frente a organizaciones delictivas que operan con división de funciones, permanencia en el tiempo y mecanismos sofisticados de ocultamiento. 
En ese contexto, el proyecto establece una regla especial de valoración probatoria, permitiendo que los tribunales consideren con mayor peso la prueba indiciaria cuando se trate de antecedentes múltiples, precisos, graves y concordantes. El objetivo es facilitar la acreditación de estructuras criminales y la participación de sus integrantes, manteniendo intacto el estándar de convicción “más allá de toda duda razonable”. 
Asimismo, se incorpora una definición legal acotada de crimen organizado, entendida como una asociación estructurada de tres o más personas, de carácter estable, orientada a la comisión de delitos graves con fines de lucro o poder. 
Uno de los ejes más relevantes del proyecto es la regulación del juicio oral en ausencia del imputado, medida que operará de forma excepcional y bajo estrictos requisitos. Entre ellos, que el acusado haya tenido conocimiento efectivo del proceso, haya sido legalmente emplazado y que su ausencia responda a una conducta deliberada para evadir la acción de la justicia.
La propuesta establece además resguardos explícitos: la ausencia no podrá ser considerada como un indicio de culpabilidad, se garantiza la defensa técnica durante todo el procedimiento y se reconoce el derecho a un nuevo juicio en caso de comparecencia posterior. 
Finalmente, el texto refuerza el rol del juez de garantía, quien deberá ejercer un control más estricto del respeto a los derechos fundamentales en este tipo de procedimientos, particularmente en aquellos vinculados a criminalidad organizada o desarrollados en ausencia del imputado.
Con estos ajustes, el proyecto busca cerrar brechas operativas del sistema penal frente a fenómenos criminales complejos, manteniendo el equilibrio entre eficacia persecutoria y resguardo irrestricto de las garantías constitucionales.
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