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El derecho a sala cuna se funda en una idea simple: el trabajo no puede organizarse ignorando el cuidado. Ese principio sigue vigente.
Hace ya meses que se insiste -política y mediáticamente- en la urgencia de reformar la regulación del derecho a sala cuna del Código del Trabajo. Y, a pocos días de que venza el plazo para presentar indicaciones al proyecto que se tramita en el Senado, conviene insistir en algunos puntos.
El primero es evidente: esta modificación es urgente. Desde hace más de 20 años se advierte la necesidad de reformar una normativa hoy insuficiente, cuyo peso y efectos siguen recayendo principalmente en las mujeres, traducidos en mayores niveles de informalidad, más dificultades para compatibilizar el cuidado con el trabajo remunerado y persistentes brechas en el mercado laboral.
Seguir dilatando este proyecto no sólo es irresponsable, sino también injusto con miles de trabajadoras y familias. No se trata de una discusión de segundo orden, ni puede seguir subordinada a la contingencia política.
Por otro lado, este es un proyecto que debe abordarse con seriedad. No se trata sólo de modificar una norma laboral, sino de resolver cuestiones complejas de financiamiento, aseguramiento de oferta, regulación de precios, fortalecimiento de la oferta pública y estándares educativos.
Son materias que involucran a múltiples actores que, aun compartiendo un objetivo común, pueden divergir legítimamente en cómo alcanzarlo. Avanzar exige algo más que declaraciones: requiere estudio, construcción de confianzas y la capacidad de mejorar lo existente sin pretender partir de cero por razones políticas.
En ese contexto, conviene detenerse en una de las variables más discutidas: su financiamiento. ¿Es viable una reforma que elimine completamente la participación de los empleadores? Y si así fuera, ¿quién asumiría esos costos? ¿El Estado, en un escenario de estrechez fiscal? ¿Las familias? ¿Sería razonable trasladar ese gasto a los propios trabajadores?
El proyecto propone un financiamiento mixto, con una cotización del empleador de 0,3% complementada con aportes fiscales. En la práctica, equivale a cerca de dos mil pesos mensuales por que deben costear los empleadores por cada trabajador: un costo acotado frente a un impacto potencial de hasta 1,9 puntos en participación laboral femenina. No es casual que incluso desde el mundo empresarial se haya reconocido la razonabilidad del diseño.
Por eso es legítimo preguntarse cuál es el fundamento de las propuestas que buscan eliminar el aporte al financiamiento por parte de empleadores. Porque una política pública de esta magnitud no sólo debe aprobarse: debe poder implementarse. Y su legitimidad depende, en buena medida, de ello.
El derecho a sala cuna se funda en una idea simple: el trabajo no puede organizarse ignorando el cuidado. Ese principio sigue vigente. En un sistema que reconoce la corresponsabilidad, quienes se benefician del trabajo también deben hacerse cargo de las condiciones que lo hacen posible.
A veces, las grandes decisiones públicas se juegan en cifras que parecen menores. En este caso, son dos mil pesos. Dos mil pesos que separan una reforma viable de una promesa que no logra sostenerse en el tiempo.
Una sala cuna para Chile exige algo más que convicción: requiere acuerdos y responsabilidad en el diseño. Porque esta no es sólo una reforma que deba aprobarse, sino una que debe funcionar. De lo contrario, seguiremos tratando el cuidado como un problema privado, trasladado a las familias -y, en particular, a las mujeres-. Y en eso, todavía estamos al debe.
