A pocos días del inicio del gobierno de José Antonio Kast, cuya campaña tuvo como una de sus promesas más reiteradas la expulsión de migrantes en situación irregular, el futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió que el Estado enfrenta un escenario complejo para cumplir ese objetivo: más de 37 mil expulsiones ya decretadas sin ejecutar, otras 85 mil en trámite y más de 120 mil solicitudes de nacionalización aún pendientes de resolución.
Una promesa que ahora deberá enfrentarse a limitaciones presupuestarias, diplomáticas y operativas del sistema migratorio chileno. No obstante, aseguró que trabajan diferentes iniciativas pero que se necesita voluntad de varios actores para avanzar.
“Echar a una persona del país cuesta cerca de tres millones de pesos. Expulsar a 37 mil tiene un costo elevadísimo, por lo que el Congreso tendrá que aprobar mayores recursos”, , afirmó.
Las urgencias del futuro director de Migraciones
El futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió que el país enfrenta un escenario complejo en materia migratoria y que la nueva administración del presidente José Antonio Kast deberá abordar múltiples urgencias, entre ellas el alto número de trámites de nacionalización pendientes y miles de órdenes de expulsión aún sin ejecutar.
Según explicó, actualmente existen más de 120 mil solicitudes de nacionalización en trámite y cerca de 23 mil listas para firma, situación que calificó como “extraña” al cierre del gobierno de Gabriel Boric.
“Nos extraña que nos dejen 23 mil trámites listos para firma. Vamos a tener que estudiar en detalle esa situación”, afirmó en radio Agricultura, agregando que existe sospecha de que la administración saliente evitó aprobarlas para no aparecer como el gobierno que más nacionalizaciones concedió en la historia.
Lo anterior, en medio de una presión inevitable para el actual gobierno, que durante la campaña prometió duras medidas en la materia, con el entonces candidato Kast llamando a las personas irregulares a aabandonar de inmediato el país: “Que tomen sus bienes, vendan sus enseres, tengan dinero en efectivo y váyanse. Si no lo hacen, y los detenemos, se van con lo puesto. Y si insisten en quedarse, nunca más podrán ingresar a Chile”, dijo cuando lanzó su plan “Rescate Capital”.
Expulsión de migrantes
Sauerbaum advirtió que el desafío mayor está en las expulsiones pendientes. De acuerdo con las cifras que entregó, existen actualmente 37 mil expulsiones ya decretadas y otras 85 mil en trámite, lo que implica un proceso complejo desde el punto de vista logístico y presupuestario.
“Echar a una persona del país cuesta cerca de tres millones de pesos. Expulsar a 37 mil tiene un costo elevadísimo, por lo que el Congreso tendrá que aprobar mayores recursos”, sostuvo. En esa línea, planteó que también será necesario reorganizar capacidades operativas, incluso con apoyo de la Fuerza Aérea, para acelerar los procesos.
El futuro director del servicio añadió que uno de los principales obstáculos es la coordinación internacional. Mientras Bolivia y Colombia han comenzado a aceptar reconducciones, afirmó que el principal problema está con Venezuela, país de origen de cerca de la mitad de las personas con orden de expulsión.
“Aquí hay un esfuerzo diplomático que hacer. Tenemos que conversar con Venezuela y también con Estados Unidos para que acepten a los expulsados”, señaló.
Agenda legislativa: ingreso clandestino como delito
El exdiputado también subrayó la necesidad de avanzar en la agenda legislativa. Entre las prioridades mencionó un proyecto que actualmente se discute en el Senado y que busca tipificar el ingreso clandestino al país como delito, lo que permitiría agilizar expulsiones sin largos trámites administrativos.
Advirtió además sobre el negocio que —según dijo— existe en zonas fronterizas como Colchane, donde operan redes que trasladan migrantes hacia distintas ciudades del país. Por ello, planteó reforzar la fiscalización laboral y anunció operativos junto a la Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo para controlar la situación de extranjeros que se desempeñan de manera irregular.
“Tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad para eliminar los incentivos perversos para entrar ilegalmente al país”, afirmó, cuestionando también el acceso a ciertos beneficios sociales por parte de migrantes en situación irregular.
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