El proyecto de ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales, conocida como Ley de Incendios, deberá ser revisado por una comisión mixta, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara parte de las modificaciones introducidas por el Senado en su segundo trámite constitucional.
Si bien la Sala respaldó la mayoría de los cambios realizados por la Cámara Alta a la iniciativa, tres puntos clave no alcanzaron el apoyo necesario, lo que obligará a que diputados y senadores zanjen las discrepancias en una instancia mixta.
Normas rechazadas de la Ley de Incendios
Entre las disposiciones que no prosperaron se encuentra la eliminación —impulsada por el Senado— de la indemnización a propietarios por el “daño patrimonial efectivamente causado en virtud del cumplimiento de las medidas ordenadas por esta ley”. La Cámara rechazó suprimir este derecho, manteniendo así el criterio aprobado en el primer trámite.
Asimismo, por no alcanzar el quórum requerido de 76 votos (obtuvo 74 a favor, 58 en contra y 3 abstenciones), se cayeron las normas que regulaban la reclamación de ilegalidad y las modificaciones a los planos reguladores intercomunales, metropolitanos y comunales respecto de áreas de riesgo o protección.
Según destaca el portal web de la Cámara, estas materias deberán ser revisadas por una comisión mixta, que tendrá la tarea de proponer un texto de consenso para que el proyecto pueda continuar su tramitación.
Alcances de la iniciativa
La iniciativa busca fortalecer la estrategia nacional de prevención de incendios forestales, especialmente tras las últimas tragedias que afectaron a distintas regiones del país.
En su segundo trámite, el Senado aprobó el proyecto con modificaciones el 27 de enero de 2026, incorporando ajustes que ahora deberán ser revisados parcialmente.
El texto apunta a robustecer los instrumentos de planificación territorial y la gestión forestal, además de definir atribuciones para el nuevo Servicio Nacional Forestal. También establece obligaciones para los propietarios de predios emplazados en zonas de riesgo, cuya determinación será pública y deberá notificarse formalmente.
Entre otras medidas, se faculta a los Comités Comunales para la Gestión del Riesgo de Desastres a proponer acciones en zonas de amortiguación o en áreas de interfaz urbano-rural. Asimismo, se contempla la entrega de información al Servicio Nacional Forestal para actualizar medidas preventivas, un marco de sanciones, regulación del uso del fuego, incentivos a la agroforestería y patrullajes preventivos a cargo de Senapred.
Reacciones cruzadas
La decisión de enviar el proyecto a comisión mixta generó inmediatas reacciones en la comisión de Agricultura.
Desde la oposición, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que la iniciativa no aborda el problema de fondo, apuntando a una falta de prevención efectiva por parte de municipios y gobiernos regionales.
Además, advirtió eventuales problemas de constitucionalidad y afirmó que se están imponiendo cargas difíciles de cumplir para los privados, señalando incluso que una ley de este tipo no evitaría tragedias como la ocurrida en Viña del Mar.
En la misma línea, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Naveillan, calificó el proyecto como mal diseñado y con consecuencias negativas, valorando que pase a comisión mixta y planteando que su revisión podría darse bajo la próxima administración.
Por el contrario, la diputada socialista Emilia Nuyado defendió la planificación territorial como herramienta clave para identificar zonas de alto riesgo, especialmente donde conviven viviendas y plantaciones forestales.
A su juicio, la norma fortalece la prevención, promueve la coordinación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, y apunta a proteger vidas, viviendas y ecosistemas.
Así, la comisión mixta deberá resolver las diferencias en uno de los proyectos considerados más sensibles en materia de gestión del riesgo, en un contexto marcado por incendios forestales de gran impacto humano y ambiental.
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