Gobierno cierra filas con Boric por querella tras tildar de "descriteriado" a exjefe del SLEP Atacama

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, restó dramatismo a la querella presentada contra el presidente Gabriel Boric, mientras que el director de la Dirección de Educación Pública, Rodrigo Egaña, respaldó los polémicos dichos del mandatario, luego que el exdirector ejecutivo suplente del SLEP de Atacama, Daslav Mihovilovic, recurriera a la justicia tras ser calificado de “descriteriado” por el gobernante.

La acción judicial fue ingresada el 27 de febrero ante el Juzgado de Garantía de Copiapó y apunta directamente al jefe de Estado por los presuntos delitos de injurias y calumnias, a raíz de sus declaraciones públicas sobre la polémica fiesta VIP realizada en la capital regional, que terminó con la salida del funcionario.

La controversia se originó tras la difusión de imágenes del evento de aniversario, que incluyó una fiesta en un casino, con traslado en limusina, generando críticas en medio de la crisis educacional que atravesaba la región. No obstante, un informe del Ministerio de Educación concluyó que no se utilizaron recursos públicos para financiar la actividad.

Al respecto, el presidente Boric manifestó públicamente su satisfacción por la desvinculación. “Qué bueno que echamos al director del Slep porque no he conocido a persona más descriteriada… de los descriterios más grandes que he visto”, sostuvo.

Desde el Gobierno, Cataldo lamentó que el caso continúe escalando y aseguró que la situación es sencilla.

“Yo lamento que estas cosas sigan escalando, solo enredan y enturbian más algo que es bien sencillo: alguien cometió un error y, como cualquier persona en sus roles, se le evalúa y en este caso se le pide el cargo. Entonces no veo el drama en el asunto”, afirmó.

Por su parte, Egaña defendió la evaluación realizada y validó el juicio emitido por el mandatario.

“Es un descriterio absoluto. El presidente tiene la obligación de emitir el juicio que emitió porque la función pública es algo que hay que cuidar”, puntualizó.

La querella solicita que se establezca la existencia del delito de injurias y se determinen las responsabilidades correspondientes, abriendo un nuevo frente judicial en medio del debate por la gestión del SLEP de Atacama y la conducción de la educación pública en la región.