Formalización por ProCultura continúa mañana: cautelares definitivas podrían conocerse este miércoles

Este lunes concluyó la exposición del Ministerio Público en la audiencia de formalización del caso ProCultura; investigación que indaga un presunto fraude al Fisco en la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”.

La audiencia, que se ha extendido por varios días, continuará este martes con los alegatos de los querellantes y de las defensas, mientras que la resolución respecto de las medidas cautelares podría conocerse durante la jornada del miércoles.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, se le imputan distintos roles en el presunto esquema a Alberto Larraín; a la representante legal de la fundación, María Constanza Gómez; a la exdirectora de Estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme; a la exjefa de división del GORE Metropolitano, Evelyn Magdaleno, y al exfuncionario Gabriel Prado.

Resolución de cautelares en caso ProCultura podrían conocerse este miércoles

Según la investigación, sin contar con las competencias técnicas necesarias y mediante una asignación directa, la fundación se adjudicó más de 1.600 millones de pesos para ejecutar el programa financiado con recursos públicos.

El Ministerio Público sostiene que los fondos fueron transferidos en una sola cuota -modalidad considerada irregular-, y que posteriormente parte de ese dinero habría sido invertido en fondos mutuos con el fin de generar rentabilidad para ProCultura, práctica expresamente prohibida por la ley.

Se acusa, además, que los recursos fueron utilizados para pago de sueldos, arriendos y otros gastos ajenos a la ejecución del convenio, desviando el objetivo original de los fondos.

La investigación también da cuenta de que Gabriel Prado habría sido contratado posteriormente para desempeñar funciones en el GORE Metropolitano pese a que su remuneración era pagada por la fundación, situación que forma parte de los hechos que el Ministerio Público considera relevantes para configurar el delito.

Desde la parte querellante, el abogado Pablo Toloza enfatizó la gravedad de los hechos imputados, señalando que “estos delitos no sólo afectan al patrimonio fiscal, sino que comprometen bienes jurídicos fundamentales como la fe pública, especialmente cuando los recursos estaban destinados a personas en situación de extrema vulnerabilidad“.

El querellante sostuvo también que este tipo de ilícitos justifican la aplicación de medidas cautelares intensas, tanto por el peligro para la sociedad como por el riesgo para el desarrollo de la investigación.

En contraste, la defensa de Alberto Larraín centró sus cuestionamientos en lo que calificó como una falta de claridad y coherencia en la imputación presentada por los acusadores.

El abogado Cristián Arias dijo que durante la exposición del Ministerio Público quedó en evidencia que no existe una posición única respecto de la calificación jurídica de los hechos ni del eventual perjuicio fiscal, lo que, a su juicio, dificulta el ejercicio del derecho a defensa.

Según explicó, el Ministerio Público plantea como hipótesis principal que el delito habría sido cometido por un tercero en calidad de funcionario público, mientras que Larraín sería partícipe a través de la figura de administración desleal.

Sin embargo, de manera alternativa, la Fiscalía habría sostenido que podría tratarse de un delito de estafa. A ello se suma que el Consejo de Defensa del Estado plantea una figura distinta, vinculada a una eventual apropiación indebida de fondos públicos.

En paralelo, el caso también ha abierto un debate respecto de la situación del gobernador Claudio Orrego, en el marco de una solicitud de desafuero.

Sobre este punto, el fiscal nacional Ángel Valencia abordó la discusión, manifestando que “una persona tiene la calidad de imputada desde el momento en que se dirige una investigación en su contra y, por lo tanto, cuando se ha pedido el desafuero, esa persona tiene la calidad de imputado”.

Con el término de la exposición del Ministerio Público este lunes, la audiencia continuará mañana con los alegatos de los querellantes y de las defensas.

De no registrarse nuevos retrasos, y tal como se precisó anteriormente, el tribunal podría quedar en condiciones de resolver durante la jornada del miércoles las medidas cautelares solicitadas en contra de los imputados.