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El posible nombramiento de Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos en el futuro gobierno de José Antonio Kast ha generado controversia y duras críticas. Rabat, abogado y académico de la Universidad del Desarrollo, ha sido cuestionado por su historial profesional en el estudio jurídico que defendió a Augusto Pinochet. Organizaciones de derechos humanos como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos rechazan su eventual designación. Desde el oficialismo, el senador Juan Antonio Coloma pide no adelantar juicios.
El posible arribo de Fernando Rabat al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el futuro gobierno de José Antonio Kast, ha generado una fuerte controversia política y duras críticas desde el oficialismo y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Rabat, abogado y académico de la Universidad del Desarrollo, ha sido mencionado como una de las cartas para integrar el gabinete del futuro mandatario, un equipo que —según se ha señalado— ha sido conformado mayoritariamente por personas de confianza directa de Kast, combinando cercanía política con perfiles técnicos.
Sin embargo, varios de estos nombres han despertado incomodidad incluso al interior de los partidos.
La principal crítica apunta al historial profesional de Rabat, quien durante su carrera formó parte del estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía, equipo que defendió al dictador Augusto Pinochet en diversas causas judiciales, entre ellas el caso Riggs.
El componente simbólico de ese antecedente ha sido calificado como especialmente grave, considerando que la cartera que podría encabezar es precisamente la de Justicia y Derechos Humanos.
En dicho estudio, Rabat compartió además con figuras como Pedro Pablo Vergara, expresidente del Colegio de Abogados, y Pablo Rodríguez Grez, fundador del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad.
Desde estas organizaciones advierten que Rabat no sería un interlocutor válido ni de confianza para liderar una cartera clave en materia de verdad, justicia y reparación. Así lo expresó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien calificó su eventual nombramiento como “una ofensa terrible”.
“Como ministro de Justicia y Derechos Humanos, nos parece realmente una falta de respeto que quien fuera parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina pueda asumir ese cargo”, afirmó.
Críticas similares surgieron desde el Congreso. La diputada Carolina Tello, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, también calificó el eventual nombramiento como una “falta de respeto”, cuestionando la señal política que se daría con una designación de ese tipo.
Desde la oposición, en tanto, el senador UDI Juan Antonio Coloma salió en defensa de la prerrogativa presidencial, señalando que los nombramientos son de exclusiva facultad del presidente electo y llamó a no adelantar juicios.
“Uno nunca tiene que anticipar juicio antes de conocer cuál es el gabinete. Lo que espero es que sean hombres y mujeres con capacidades”, sostuvo.
Hasta ahora, José Antonio Kast no se ha referido públicamente a las críticas que han surgido en torno a los nombres que suenan para integrar su futura administración.
De hecho, el presidente electo continúa desarrollando su agenda y este jueves tiene contemplada una nueva reunión en La Moneda con el presidente Gabriel Boric, donde se espera que aborden materias pendientes de la transición y algunas iniciativas legislativas clave, como el proyecto de Sala Cuna Universal.
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