La tensión por la megatoma de San Antonio sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, advirtiera que su sector no descarta presentar una Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, tras el decreto que autoriza la expropiación parcial del terreno donde habitan más de 4.100 familias en condición de ocupación irregular.
Desde La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió con firmeza ante la advertencia de la UDI.
“Una Acusación Constitucional implica alguna infracción constitucional o legal, y acá no hay infracción. Nuestro ordenamiento jurídico establece la expropiación como una herramienta”.
El mensaje no solo apuntó a despejar críticas, sino también a recordar que el gremialismo conoce bien el instrumento que hoy cuestiona:
“Por lo demás, el gobierno del presidente Piñera utilizó esta herramienta más veces que el gobierno del Presidente Boric”.
Críticas sí, ilegalidad no: Gobierno minimiza amenaza de AC de la UDI
La publicación del decreto en el Diario Oficial transformó por completo un escenario que, hasta hace pocos días, apuntaba a un desalojo masivo e inédito en el país.
En vez de eso, el Gobierno activó formalmente un proceso de expropiación en la megatoma de San Antonio que permitirá iniciar el diseño de un proyecto habitacional de largo aliento, con el que se espera reubicar —en el mismo sector— a cerca del 90% de los hogares hoy instalados en el cerro Centinela.
El ministro Elizalde detalló que, durante meses, el Gobierno impulsó un proceso de diálogo con los pobladores para adquirir formalmente los terrenos y avanzar hacia una solución habitacional ordenada. Sin embargo, la mesa técnica no logró un acuerdo, lo que obligó, dijo, al Ejecutivo a optar por la herramienta que la Constitución ya contempla:
“Es fácil criticar, pero distinto es buscar soluciones que sean efectivas. Tenemos un desafío humanitario claro (…)”.
El jefe de gabinete también llamó a no confundir la libertad de opinar en democrática con la imputación de faltas inexistentes:
“En Chile hay libertad de expresión. Las decisiones pueden ser compartidas o no, pero no confundir eso con una supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad, porque en este caso no existe”.
Por ahora, mientras la UDI insiste en evaluar una acusación constitucional, en La Moneda observan la advertencia con distancia: afirman que el camino elegido está blindado por la Constitución y recuerdan que la misma herramienta fue utilizada prolíficamente por gobiernos anteriores.
En otras palabras, si la acusación avanza, será más por cálculo político que por fundamentos jurídicos.
“Si fuera ilegal, entonces habrían violado la Constitución todas las autoridades del gobierno del presidente Piñera que llevaron adelante las expropiaciones”, cerró.
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