El subjefe de la Bancada UDI, Felipe Donoso, junto con el diputado Jorge Alessandri, anunciaron que durante esta jornada oficiaron a la Contraloría General de la República para que pueda abrir una auditoría al interior de la administración del Estado, luego que se revelara que más de 3.600 funcionarios del Gobierno siguen con modalidad de teletrabajo.
Recordemos que según consignó La Tercera, tras una consulta vía Ley de Transparencia, solo en la región Metropolitana son 2.590 funcionarios con teletrabajo, tanto en las 40 subsecretarías y Presidencia, sin considerar servicios. Pero si a ello se suman las nóminas publicadas en Transparencia Activa que consideran también a las regiones, el número sube hasta 3.622.
Al respecto, ambos parlamentarios destacaron que —según la citada nota—, a pesar de que la Ley 21.724 permite que hasta un 20% de la dotación de cada repartición pueda trabajar bajo esa modalidad, existen seis entidades que -con la autorización de la Dirección de Presupuestos- superan dicho porcentaje. Siendo una de ellas la Subsecretaría de Hacienda, que tiene a 105 funcionarios (41,3% de la dotación) con teletrabajo.
Por lo mismo, si bien los diputados reconocieron que la actual legislación autoriza al sector público trabajar de esa forma bajo ciertas condiciones, manifestaron su preocupación respecto del nivel de productividad que existiría y el control por parte de las jefaturas.
Diputados UDI acuden a la Contraloría
Así, acordaron recurrir a la Contraloría, asegurando que “resulta indispensable poder verificar si estas autorizaciones que se han entregado siguen estando debidamente fundadas y si se cumplen los criterios establecidos en la ley”, agregando que “es aún más relevante determinar si esta modalidad no está afectando la productividad y los niveles de cumplimiento de estas reparticiones“.
“La ley que permite el teletrabajo dentro de la administración del Estado no puede transformarse en una regla general ni tampoco significa que las entidades tengan que hacerla efectiva. El espíritu de esta normativa era dar una solución ante la emergencia sanitaria que estábamos viviendo. Sin embargo, hace más de tres años que se dejaron atrás las distintas medidas preventivas y, así como el mundo privado comenzó a retomar el trabajo presencial, lo mismo debió haber ocurrido con el sector público”, cuestionaron los parlamentarios de la UDI.
Estos también expresaron su preocupación por el impacto que dicha modalidad podría tener en la atención y respuesta hacia la ciudadanía, especialmente considerando que una de las subsecretarías con mayor número de funcionarios trabajando en esa condición es la de Servicios Sociales, con 65 empleados públicos en total, lo que representa al 21% de la dotación.
“Es importante que se aclare si el trabajo a distancia en el sector público está afectando la calidad y oportunidad de los servicios que el país debe garantizar a los chilenos. No se trata de cuestionar por cuestionar, sino que de asegurar que los recursos públicos se estén utilizando de forma adecuada y que el Estado esté funcionando de la manera más eficiente posible”, reiteraron.
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