Ética y transparencia de BioBioChile

Pese a que durante la pandemia del Covid-19 el teletrabajo fue una práctica utilizada en casi todos los espacios labores, los años posteriores a la crisis la tendencia fue a la baja. En ese sentido, en el sector privado, algunas empresas han llegado a acuerdos y han adoptados sistemas híbridos. Pero, en el sector público, hay normativas vigentes que lo regulan.

La ley 21.526 regula el teletrabajo en el público, estableciendo que un máximo del 20% de los funcionarios totales de la dotación de cada servicio puede operar bajo esta modalidad. Sin embargo, la normativa establece excepciones.

En tanto, según información de La Tercera y considerando 40 subsecretarías, sin servicios, y Presidencia, son 2.590 los funcionarios que mantienen teletrabajo. Esto en la Región Metropolitana. Ahora, si se suman las nóminas visibles en Transparencia Activa, la cifra de los funcionarios autorizados a esta modalidad asciende a 3.622, considerando también a las regiones.

Asimismo, en el citado medio también se establece que seis entidades superan el 20% de lo establecido en la ley 21.526. Esto, previa autorización de la Dirección Presupuestos, cosa que también permite la normativa.

Teletrabajo en el sector público: ¿Un problema?

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con el abogado, experto en derecho administrativo y académico de la Universidad Central, también exfuncionario de la Contraloría General de la República, Camilo Mirosevic, quien desdramatizó la situación.

“El teletrabajo no surge en la pandemia en el sector público. Esto parte con una experiencia piloto que hizo el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), que tuvo que haber sido por el año 2028, prepandemia. Luego, el año siguiente, se incorporan otros servicios, por una modificación legal efectuada en la ley de reajuste de ese año. Se incorporan poquitos servicios al inicio”, comenzó explicando.

Además, detalló que “con la pandemia, producto de un dictamen, se autoriza el teletrabajo. Y, finalmente, esto se formaliza para el sector público en la ley de reajuste del 2022”.

Por su parte, el abogado señaló que “en el sector privado hay otra ley que es una reforma al Código del Trabajo, que permite el teletrabajo como manera de conciliar la vida laboral con la vida familiar. Entonces, son regímenes distintos.

En cuanto a la ley que 21.256, que regula el teletrabajo para el sector público, explicó que “hay dos regímenes: está el artículo 66, que es el general que aplica la mayoría de los servicios, y después hay un régimen especial, que es el artículo 67, que autoriza a ciertos organismos muy específicos… no tienen un límite fijado en la ley”. Asimismo, enfatizó en que este último artículo no aplica para todas las subsecretarías.

Entrando en el artículo 66, Miresevic detalló que “fija un 20% como regla general, pero permite hacer una excepción: que el servicio se lo solicite a la Dirección de Presupuesto, al Ministerio de Hacienda, e invoque un motivo fundado, justificado, dentro de las restricciones que tiene la ley. Por ejemplo, la ley no permite ir a teletrabajo a los cargos directivos, tampoco a los que atienden público ni a los que les toca ir a terreno”.

De esta manera, planteó que “no es que pasarse del 20% inmediatamente sea una irregularidad, porque el legislador, en esta norma, permite que sea sobre el 20% de la dotación”.

En esa línea, el académico sostuvo que “en esto hay harto de prejuicio, instalado contra el sector público. Obviamente, también hay gente que abusa de los sistemas y no sólo del teletrabajo, hay gente que estando en la oficina tampoco es muy productiva. No es problema del teletrabajo”.

“Hay harto de mito y prejuicio. Naturalmente, hay funciones que no son teletrabajables”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “una persona que no vaya a la oficina ningún día de la semana, es una persona que termina, de alguna manera, desvinculada a la institución. Pero, la regla general no es eso, es que una persona teletrabaja uno, dos o tres días a la semana”.

“El hecho de haberse pasado el 20% teniendo autorización, es algo que el legislador previó, por lo tanto, no me parece ninguna irregularidad”, concluyó.