"Ley Topo": Expertos acusan populismo por idea de Parisi de recompensar a quienes denuncien corrupción

La llamada “Ley Topo” de Franco Parisi —que propone pagar hasta un 30% del dinero recuperado a funcionarios que denuncien corrupción— generó críticas entre expertos.

Aunque el candidato la defiende como una herramienta para combatir la corrupción, abogados advierten que la medida podría fomentar denuncias falsas, premiar obligaciones que ya están contempladas por ley y poner en duda la probidad del propio sistema público.

“Ley Topo”: Propuesta de Parisi busca premiar con dinero a quienes denuncien corrupción

La denominada “Ley Topo”, es una de las iniciativas del eje de anticorrupción del candidato presidencial Franco Parisi, que busca entregar hasta un 30 % del dinero recuperado a los funcionarios públicos que denuncien irregularidades dentro del Estado.

El abanderado del PDG defendió la iniciativa señalando que con esta ley se dotará de recursos a la Contraloría y a una unidad especial de fiscalía para investigar los hechos antes de judicializarlos.

En esa línea, sostuvo que el país necesita más denuncias porque, según dijo, “la corrupción está desatada” y los partidos políticos —tanto de derecha como de izquierda— “han hecho un festín con los recursos del Estado”.

Abogados advierten riesgo de denuncias falsas y populismo

Sin embargo, la propuesta ha sido cuestionada por penalistas que advierten que la medida podría abrir la puerta a denuncias falsas y a un uso indebido del sistema judicial.

El abogado Juan Pablo Bonocuore calificó la idea como una forma de “populismo penal”, argumentando que los funcionarios ya tienen la obligación legal de denunciar delitos y que “no se puede premiar con dinero una obligación establecida por ley”.

A su juicio, la propuesta genera un incentivo peligroso para fabricar pruebas o acusaciones sin sustento.

El también abogado Esteban Celis coincidió en los reparos y sostuvo que la propuesta “confunde deber con recompensa”.

Afirmó que pagar por denunciar podría fomentar más la búsqueda de beneficios económicos que la ética pública, señalando que “si hay dinero de por medio, el riesgo real será que la corrupción se traslade a los denunciantes”.

Cuestionamientos a base legal y efectividad de la “Ley Topo”

Ambos expertos coincidieron en que el 30 % ofrecido como recompensa terminaría saliendo del propio erario público, lo que implicaría destinar recursos fiscales a pagar por un deber que ya está establecido por ley.

Advirtieron además que no existe ningún marco legal que permita premiar económicamente una obligación funcionarial, por lo que la iniciativa podría vulnerar principios básicos del servicio público.