En una decisión que marca un nuevo capítulo en el llamado Caso Hermosilla, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
La votación en el Senado se agendó para el 10 de noviembre, en plena semana distrital. Será en esta instancia donde se defina el futuro del cuestionado juez.
Semana distrital, pero con sesión extraordinaria por AC contra juez Ulloa
Con 141 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, este pasado miércoles la sala declaró admisible el libelo que busca destituir al magistrado por presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Tal como ocurrió en la votación de la cuestión previa, la diputada María Luisa Cordero fue la única en rechazar la acusación, mientras que José Miguel Castro (RN) y Sergio Bobadilla (UDI) optaron por abstenerse.
De acuerdo con lo confirmado por la Cámara, la acusación será informada el martes 4 de noviembre y votada el lunes 10 del mismo mes, en plena semana distrital. La sesión se extenderá desde las 10:00 a las 13:00 horas y luego desde las 14:00 hasta su total despacho.
La decisión fue ratificada este miércoles, estableciendo que, pese al receso legislativo, el tema será tratado con carácter de prioridad.
Los diputados Eric Aedo (DC), Daniel Manouchehri (PS) y Carolina Tello (FA) ejercerán el rol de acusadores ante la Cámara Alta. Y entonces, serán los senadores quienes determinen si Ulloa será finalmente destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.
Los cuestionamientos al magistrado
El juez Antonio Ulloa ha sido vinculado a presuntas filtraciones de información reservada al abogado Luis Hermosilla, relacionadas con decisiones judiciales y procesos de nombramientos. Además, se le reprocha no haberse inhabilitado en causas donde participaron personas de su entorno cercano.
Aunque estos hechos fueron revisados por la Corte Suprema, que terminó con un empate de 7 a 7, permitiendo su permanencia en el Poder Judicial, los diputados acusadores sostienen que existen antecedentes suficientes para acreditar un comportamiento incompatible con la ética judicial.
Según el libelo, el conjunto de actuaciones atribuidas a Ulloa refleja “un patrón de conductas impropias” que vulnera la probidad y confianza pública en el sistema judicial, argumento que ahora será analizado por el Senado en las próximas semanas.
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