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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que agiliza la construcción de cárceles, buscando reducir el hacinamiento y mejorar la reinserción. Se destacan medidas como la aprobación automática si no hay respuesta en 30 días, reducción de plazos y costos, y simplificación de trámites. Se enfatiza en la importancia de ubicar las cárceles en la periferia, dinamizar la economía local y generar empleos.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que reduce plazos y elimina trámites administrativos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios (boletín 17.312), dejando la iniciativa en condiciones de convertirse en ley.

La nueva norma agiliza la ejecución de obras y permite que los proyectos definidos por decreto del Presidente de la República se desarrollen mediante procedimientos administrativos más expeditos.

Con esta medida, se busca responder al déficit de centros penitenciarios, disminuir el hacinamiento, mejorar las condiciones de reinserción y reforzar la seguridad pública. Todo esto, reduciendo los tiempos y costos asociados a los proyectos.

Modificaciones del Senado a la iniciativa

Entre las principales enmiendas del Senado aprobadas por la Sala está la incorporación de una norma que indica que, si el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no emite el informe sobre un proyecto penitenciario dentro de 30 días hábiles, éste se entenderá aprobado positivamente.

En materia ambiental, se mantuvo la exención del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para obras de ampliación o reparación. Y junto a ello, se redujeron a la mitad los plazos aplicables a la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.

Asimismo, se establece que los procesos de participación ciudadana solo podrán realizarse con personas o agrupaciones con un interés directo e inmediato en el proyecto. Es decir, residentes en la comuna o en comunas colindantes.

La iniciativa también dispone que todos los permisos, autorizaciones y pronunciamientos sectoriales deberán resolverse en plazos reducidos a la mitad. Y que, si la autoridad no se pronuncia dentro del tiempo establecido, la solicitud de los proyectos penitenciarios se considerará aprobada.

Además, el proyecto obliga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a informar trimestralmente a las comisiones de Constitución de ambas cámaras sobre el avance y ejecución de las obras penitenciarias realizadas bajo este régimen especial.

Debate en la Sala por nuevas cárceles

Según consignan desde la Cámara Baja, en el debate de la iniciativa, la mayoría coincidió en la necesidad de aumentar los centros penitenciarios y mejorar las condiciones de infraestructura existentes. Pero se advirtió que deberían ubicarse preferentemente en la periferia de las ciudades, con el fin de reducir el impacto urbano y facilitar su gestión.

También se destacó la importancia de despejar los trámites administrativos y ambientales para acelerar las obras. Esto, considerando la situación de sobrepoblación que enfrentan la mayoría de los recintos del país. De esa forma, se valoró que la iniciativa reduzca los tiempos de autorización mediante la aplicación del silencio administrativo.

Finalmente, se sostuvo que la ejecución de obras penitenciarias podría dinamizar la economía local y generar nuevos empleos en diversas zonas del país, aportando tanto a la seguridad pública como al desarrollo regional.

Gobierno valora el proyecto

Tras la aprobación del proyecto, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, agradeció la disposición de los parlamentarios, señalando que “esto nos va a permitir implementar un plan maestro de infraestructura penitenciaria, que al año 2030 nos permitirá agregar más de 15.000 nuevas plazas“.

“Esto es importante por varias razones. Primero, porque tenemos un problema de sobrepoblación y también de hacinamiento en muchas de las cárceles de nuestro país, con un promedio cercano al 160% de ocupación. Con hacinamiento no podemos hacer clasificaciones efectivas que nos permitan luchar contra el crimen organizado, y tampoco podemos hacer reinserción efectiva, que es en realidad uno de los objetivos más importantes del sistema de justicia”, apuntó.

“Es por eso entonces que queremos agradecer este apoyo, que ha sido transversal, porque esta es una política de Estado, que hoy día nos va a permitir al año 2026 haber agregado más de 5.000 plazas y al año 2030 tener estas 15.000 plazas que tanto se requieren”, agregó.

Bancada RN destaca despacho de la iniciativa

En tanto, desde la bancada de diputados de Renovación Nacional también destacaron el despacho a ley de la iniciativa.

Para el diputado e integrante de las comisiones de Seguridad y de Constitución, Andrés Longton, “este proyecto es muy importante porque permite desburocratizar el sistema de permisos para construir cárceles en nuestro país, que hoy día demoran más de 15 años. Si queremos cárceles de alta seguridad para tener a los líderes del crimen organizado, aislados e incomunicados, tenemos que tener la capacidad de construir cárceles rápido, en corto espacio de tiempo”.

Postura que también comparte su par, la diputada e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Ximena Ossandón, al afirmar que “lo que necesitamos es mayor agilidad, cárceles rápidas, que estén en los lugares adecuados, con la tecnología que corresponda, para poder separar al crimen organizado de aquellas personas que no son parte del crimen organizado, que son muchas personas que están por delitos menores o porque están presos preventivamente”.