La Contraloría General de la República detectó incumplimientos en pagos desde el Ministerio de Obras Públicas a la sociedad concesionaria a cargo de la obra “Concesión Ruta 66 – Camino de La Fruta”. Entre ellos, el traspaso improcedente de $329.540.767 por cuatro facturas emitidas por la empresa.
Lo anterior, debido a que la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) aceptó, como parte de los gastos asociados al servicio de construcción, desembolsos presentados por la firma por un total de $1.734.425.077, pese a que no se acreditó su relación directa con la ejecución de la obra.
El informe de la CGR, que abordó una revisión entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024, detalla que “los antecedentes proporcionados por la DGC no permiten sustentar por si solos, que los gastos considerados por la dirección para determinar el valor de las facturas por el servicio antes señalado -y a partir de las mismas, solventan los montos de IVA que en estas se indican-, tengan la aludida relación con la ejecución de esta obra”.
En ese sentido, la Contraloría anunció que formulará el pertinente reparo, presentando la demanda que da inicio al juicio de cuentas.
Otras irregularidades en el Camino de La Fruta
Por otra parte, otro de los hallazgos reveló que la Inspección Fiscal aprobó el 80% de avance de dos subsectores de la obra, sin que —en algunos casos— se respaldara documentalmente el total del progreso reportado por la empresa.
Además, se constató que el concesionario entregó de manera incompleta parte de los proyectos de ingeniería de detalle de la obra, lo que no fue advertido por la inspección fiscal.
Finalmente, una cuarta observación se refiere a que la inspección fiscal aprobó el proyecto de agua potable y alcantarillado para el Área de Servicios Generales y Atención de Emergencias, pese a que aún no contaba con el visto bueno de la autoridad sanitaria, infringiendo las bases de licitación.
Acciones derivadas
Además de la demanda, la CGR ordenó a la DGC sustentar los porcentajes de avance identificados en el informe, de tal manera de acreditar que, al momento de sancionarse el cumplimiento del hito del 80%, estos presenten los progresos declarados.
Asimismo, el inspector fiscal deberá proponer las multas por el atraso en la entrega de los proyectos de ingeniería de detalle y por la falta de autorización sanitaria.
Finalmente, además, la Dirección General de Concesiones deberá iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en que pudiera derivar lo ahora revelado.
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