El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó el primer procesamiento en el marco de un caso por sustracción de menores, ocurrido entre 1970 y 1990 en el país. En ese sentido, realizó una solicitud de extradición a Israel por una de las involucradas.
Según informó este lunes el Poder Judicial, el magistrado procesó y ordenó la prisión preventiva de 5 personas por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción de dos menores de edad de la comuna de San Fernando, quienes fueron entregados a matrimonios extranjeros a cambio de sumas de dinero.
Se trata de Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas.
De estos, se solicitó que la Corte Suprema vea la extradición de Gutiérrez Pávez, exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, juzgada por los tres delitos antes mencionados, que actualmente reside en Israel.
Detalles de la investigación en la Corte de Apelaciones
En el detalle, la investigación de Aguilar determinó que en la década de los ochenta existió -en San Fernando- una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza, para detectar y entregar en adopción a menores de edad cuyas madres eran de escasos recursos.
Los niños en cuestión eran entregados a parejas extranjeras, previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los $50 mil dólares.
Entre los casos indagados se menciona el de Andrea, una niña de tres años que fue sustraída en enero de 1983 por Gutiérrez Pávez, Espinoza León y Silva Sánchez, con el fin de venderla al extranjero. Así, la menor fue objeto de una tramitación judicial iniciada por Vega Segura, quien solicitó la tuición ante el propio tribunal donde era jueza Gutiérrez. Esto, con el objetivo de sacarla del país y ser adoptada por una mujer de nombre G.J.D.
No obstante, esto fue evitado gracias a la acción de la madre, quien junto a personal de Carabineros logró recuperar a su hija de un recinto en donde había un mesón de atención al público.
Por otra parte, también se menciona el caso de un menor cuya salida del país fue autorizada “rauda y aceleradamente” por Gutiérrez en 1983. Esto, en el contexto de una organización criminal con conexiones permanentes con Santiago, precisamente con una oficina de abogados, una guardería infantil, y una de las oficinas del Registro Civil de la época.
La resolución por la sustracción de menores en San Fernando
De esa forma, el magistrado Aguilar definió que, con los antecedentes recopilados, se pudo comprobar los delitos.
Agregando que testigos y exfuncionarios judiciales indicaron que las renuncias a la maternidad investigadas fueron redactadas por la propia jueza Gutiérrez, utilizando un lenguaje técnico que las madres, algunas menores de edad y sin escolaridad, difícilmente podrían haber ocupado.
Cabe destacar que la prescripción de los delitos no aplicó en este caso, dado que se trataría de crímenes de lesa humanidad, “perpetrados en un régimen militar y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
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