VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Presidencia se niega a entregar correos entre Miguel Crispi y Carlos Durán en medio del Caso Monsalve, desencadenando un litigio legal. Diputado Tomás Lagomarsino solicitó los correos para investigar reemplazo de Manuel Monsalve en Subsecretaría del Interior. Tras negativa, Consejo de Transparencia ordenó su entrega, a lo que Presidencia se opuso, acusando al CPLT de actuar ilegalmente.

La Presidencia recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago en medio de su negativa a entregar los correos electrónicos entre el exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, a propósito del Caso Monsalve.

Así consta en el recurso que presentó el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Marcelo Chandía Peña, ante el tribunal de alzada capitalino.

Esto, a propósito de la solicitud que ingresó en diciembre pasado mediante Ley de Transparencia el diputado Tomás Lagomarsino, para acceder a todos los correos electrónicos institucionales de Carlos Durán y Miguel Crispi, entre el 14 de octubre y el 18 de octubre de 2024.

La idea del parlamentario, era conocer si hubo gestiones en La Moneda para encontrar un nombre en reemplazo de Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior, en medio del escándalo tras la denuncia de violación en su contra.

No obstante, Presidencia se negó a entregar los correos electrónicos entre ambos funcionarios, apuntando a una eventual vulneración de derechos.

“Por correo electrónico de fecha 31 de diciembre de 2024, Presidencia de la República respondió la solicitud y denegó lo requerido, fundado en la causal de reserva del artículo 21 n.°2 de la Ley de Transparencia”, señaló el CPLT.

“En fundamento de la causal, refirió que con la entrega de lo pedido se afectarían los derechos a la esfera de la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas”, añadió el organismo.

“Así, indicó que las personas consultadas prestan asesoría especializada al Programa de Apoyo a las actividades presidenciales, específicamente en el Gabinete Presidencial”, señala, agregando que “los antecedentes requeridos, de existir, poseerían el carácter de esenciales para el órgano, debido a que tienen como objetivo último servir en sus gestiones al Gabinete Presidencial, en su misión de asesoría y apoyo, por lo que su divulgación podría afectar con suficiente especificidad el adecuado funcionamiento de la Presidencia de la República”.

Presidencia insiste en negarse a entregar correos de Crispi y Durán

Tras la primera negativa, Lagomarsino recurrió de amparo ante el CPLT, el que fue acogido por el organismo, ordenando a Presidencia entregar los antecedentes.

“Entregue al reclamante copia de los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos entre el 14 de octubre y el 18 de octubre, de 2024, entre las personas individualizadas, que digan relación con las gestiones de reemplazo del exsubsecretario Manuel Monsalve, reservándose, en el evento de ser pertinente, la información sobre materias diversas a la pedida; de inteligencia, relaciones internacionales, seguridad y orden público”, precisó el Consejo para la Transparencia.

“Previo a la entrega, el órgano deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros distintos al reclamante que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena”, detalló.

“Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General n.°10 de esta Corporación”, cerró.

No obstante, Presidencia recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, reiterando su negativa, acusando al CPLT de haber actuado de manera “ilegal”.

“Los antecedentes solicitados, de existir, poseerían el carácter de esenciales para esta repartición, debido a que, tal como se señaló, en general tienen como objetivo último servir en sus gestiones al Gabinete Presidencial, en su misión de asesoría y apoyo, por lo que su divulgación podría afectar con suficiente especificidad el adecuado funcionamiento de dicha repartición y de la Presidencia de la República, y, en conformidad al artículo 24 de la Constitución Política de la República, a las funciones de gobierno y administración que le encomienda al jefe de Estado”, sostuvo en el recurso al que tuvo acceso BioBioChile.

“Se concluye que el Consejo para la Transparencia resolvió este caso de forma completa y manifiestamente ilegal, exigiendo la entrega de información que no se condice con lo señalado por la Ley de Transparencia y la jurisprudencia administrativa y judicial, obligando a la Presidencia de la República a entregar correos electrónicos no amparados por dicha normativas, contraviniendo las normas que regulan la transparencia pública, además del literal b) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, así como los artículos 11 y 41 de la Ley Nº19.880, debido a que el acto reclamado carece de la fundamentación mínima necesaria”, acusa.

Diputado Lagomarsino lamentó “falta de transparencia”

Al respecto, el diputado Lagomarsino lamentó “falta de transparencia” ante la negativa de Presidencia, advirtiendo que, así como van las cosas, el caso podría perfectamente llegar a la Corte Suprema.

“Lamento la falta de transparencia que significa que Presidencia haya apelado ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que no me entreguen y se retraiga la decisión del Consejo de Transparencia de entregarme los correos del ex jefe de asesores Miguel Crispi y el actual jefe de Gabinete Carlos Durán, entre el 14 y 18 de octubre, en el contexto de la indagatoria de la Comisión Investigadora del caso Monsalve”, criticó.

“Efectivamente, hace 5 meses hice este requerimiento de transparencia en el contexto de esta comisión investigadora para conocer si se habían iniciado gestiones, como ellos mismos lo indicaron, para buscar un nombre de reemplazo”, añadió.

En ese sentido, el diputado Lagomarsino apuntó a que “probablemente ese trámite se va a prolongar un par de meses más y lleguemos hasta la Corte Suprema”.

No obstante, advirtió que “llegaremos hasta las últimas consecuencias para que justamente exista transparencia respecto a un caso que no ha conmocionado a todos los chilenos”.