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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La férrea defensa del Gobierno a Francisca Moya, jefa jurídica de la Segpres, podría traer consecuencias para el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), según advierten diputados de oposición. Si se mantiene el blindaje a Moya, se estudiará una posible Acusación Constitucional contra Elizalde. Andrés Longton (RN) plantea que todos implicados deberían dejar sus cargos. Camila Flores (RN) afirma que se sabía de la inconstitucionalidad y no importó.

La férrea defensa que el Gobierno está realizando a Francisca Moya, jefa jurídica de la Segpres, podría pasarle la cuenta al ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

Esto, ya que algunos diputados de oposición advirtieron que si el Ejecutivo continúa blindando a Moya en su puesto de trabajo, comenzarán a estudiar los antecedentes para interponer una Acusación Constitucional (AC) en contra de Elizalde.

Así lo señaló el diputado Andrés Longton (RN) para quien “todos quienes tuvieron algún grado de participación sean sumariados y abandonen su cargo y el Presidente les ponga el cargo de disposición”.

“En la medida que tengamos la certeza de que el ministro Elizalde, el Presidente de la República, tuvieron esta información en sus manos y decidieron persistir en esta inhabilidad en constitucionalidad, obviamente como bancada y como oposición vamos a estudiar las acciones constitucionales a seguir”, añadió.

Por su parte, la congresista Camila Flores (RN) sostuvo que “a estas alturas es evidente que todos sabían que estaban cometiendo una inconstitucionalidad. A ellos no les importó que esto fuera inconstitucional. Ellos están acostumbrados a saltarse la Constitución”.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es, precisamente, no descartar la posibilidad de acusar constitucionalmente a los ministros o al presidente de la República, añadió Flores.

“Creo que es muy importante conocer el fallo del Tribunal Constitucional y luego tomar una decisión informada, con fundamentos jurídicos, para ver si vamos a perseverar en acciones constitucionales porque a todas luces tienen fundamentos de sobra”, cerró.