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La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha alertado sobre una "crisis de violencia criminal" en Chile, expresando su preocupación por el impacto en la actividad económica debido al miedo generalizado que ha llevado a restringir movimientos y limitar libertades. La CPC emplazó al Gobierno a tomar medidas urgentes para fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen, incluyendo el Ministerio Público, y brindar un respaldo legal adecuado a las fuerzas de seguridad. Asimismo, instaron a considerar las propuestas del sector privado para abordar esta problemática y exigieron a las autoridades asumir su responsabilidad con determinación para garantizar la seguridad de todos los chilenos.
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) abordaron lo que califican como una “crisis de violencia criminal que azota al país”.
En concreto, mediante un comunicado, expresaron su “más profundo pesar y sentidas condolencias a los familiares y cercanos de todos quienes han sido víctimas” de la delincuencia, emplazando a las autoridades a tomar medidas al respecto.
“Los chilenos vivimos con miedo y hemos dejado de hacer nuestra vida normal porque la inseguridad nos ha obligado a cambiar hábitos, restringir nuestros movimientos y limitar nuestra libertad”, plantearon.
Asimismo, advirtieron que la situación “está afectando la actividad económica, poniendo en riesgo miles de empleos y frenando inversiones clave para el desarrollo de Chile”.
“No hay progreso posible en un país donde el miedo impide el normal funcionamiento de la sociedad”, agregaron.
Emplazamiento de la CPC a las autoridades
De esta forma, la CPC pidió “estar a la altura” de la llamada crisis, asegurando que se requiere fortalecer a “todas las instituciones encargadas de perseguir el crimen -incluyendo al Ministerio Público-, de manera de avanzar en estrategias de inteligencia y persecución penal eficaces”.
“No es éticamente aceptable que quienes nos cuidan -Carabineros, policía civil, guardias municipales- salgan a la calle sin ningún respaldo legal y con escasas herramientas materiales para defenderse y defendernos”, acusaron.
“Esto debe cambiar ahora y las modificaciones deben tener la primera prioridad en la agenda pública y legislativa”, añadieron, pidiendo “considerar de forma seria las propuestas hechas por el sector privado al Gobierno”.
“Hacemos un llamado firme y directo a las autoridades a asumir su responsabilidad con determinación, priorizando la seguridad de todos los chilenos. No podemos seguir lamentando víctimas sin ver soluciones concretas”, cerraron.