La jornada de este martes, nuevos antecedentes salieron a la luz respecto a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
En concreto, según reveló Ciper, se confirmó que existieron advertencias desde los ministerios de las Culturas y de Bienes Nacionales, que consignaban consecuencias jurídicas en el fallido acuerdo.
Según el medio, en dos reuniones distintas se apuntó al “conflicto de interés” y la posible “falta a la probidad” que implicaba la participación de una senadora y una ministra. Esto en referencia a la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario, y la ministra Maya Fernández, nieta, quienes participaron en la fallida venta del inmueble por $993 millones.
Recordemos que si bien ya se conocían advertencias de la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, estas hacían referencia a efectos comunicacionales, no jurídicos.
El detalle de las advertencias a Presidencia
Según Cipèr, las reuniones en que se habría advertido respecto al acuerdo se dieron entre abril y octubre de 2024. En la primera, desarrollada entre mayo y junio, los jefes de gabinete de los ministerios de las Culturas y de Bienes Nacionales señalaron problemas jurídicos importantes y un conflicto de interés por el hecho de que el Estado compre una propiedad de una ministra.
En tanto, en octubre de dicho año, en una instancia donde asistieron los asesores de la Presidencia, Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, junto a la jefa de gabinete de la ministra Sandoval y la jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales; las advertencias apuntaron a la afectación de normas generales que rigen el proceso, el conflicto de interés de Maya Fernández y posibles faltas a la probidad.
De esta forma, aunque -aparentemente- no se hizo mención directa de la inconstitucionalidad que significaba el acuerdo, se hizo más de una advertencia a Presidencia respecto a las implicancias jurídicas de este.
El caso provocó la apertura de una causa penal por fraude al fisco que investiga el fiscal Patricio Cooper. Además de acciones ante el Tribunal Constitucional en contra de la ministra Fernández –la que no fue acogida– y la senadora Allende.
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