La fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, sigue dándole dolores de cabeza al Ejecutivo.
Y es que la causa, que le costó la salida a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, ahora escaló hasta el Ministerio de Cultura, desde donde también tendrán que rendir cuentas al respecto.
Esto, puesto que, en abril de 2024, el Servicio Nacional del Patrimonio le envío a la subsecretaría del Patrimonio un correo para advertir los posibles “efectos jurídicos” de la transacción.
Al respecto, la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, sostuvo que son “procesos en curso administrativos de la fiscalía, del Tribunal Constitucional, todos aquellos con colaboración de parte del gobierno”.
Es por esto que, según aseguró, como “ha ocurrido en todas las ocasiones, si se establecen responsabilidades de la naturaleza que sea, esas responsabilidades se van a hacer valer”.
Tras esto, la secretaria de Estado agregó que tal como se “hizo en enero de este año con la salida de la exministra Sandoval. Esos procesos tienen que desarrollarse de la manera adecuada, siguiendo sus plazos, sus procedimientos, su independencia”.
“Es por eso que no comentamos las filtraciones que salen a la prensa, porque es importante resguardar que esas investigaciones lleguen a puerto y, por supuesto, que las consecuencias que ahí se determinen y las responsabilidades asociadas se van a hacer valer”, completó.
Por último, la vocera reiteró que desde el Gobierno están en permanente colaboración con todas las investigaciones que se están realizando en la materia, ya que quieren “respetar que la discusión se dé en ese espacio y no incidir en sus resultados. Hay que dejar que las instituciones funcionen y que puedan esclarecer todos los aspectos vinculados con esta situación lo antes posible”.
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