La urgencia de proteger y reparar nuestros suelos

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) ha identificado que a nivel mundial los suelos atraviesan una crisis silenciosa, marcada por su erosión acelerada, la pérdida de carbono orgánico, salinización, contaminación por actividades agrícolas e industriales y su sellamiento (es decir, su cobertura por materiales como el hormigón o el asfalto) producto de la expansión urbana.

Estas presiones han reducido su fertilidad natural, disminuido su capacidad de retener agua y almacenar carbono, y afectado directamente la productividad agrícola, junto a la provisión de servicios ecosistémicos esenciales.

Realidad en Chile

La realidad que enfrentamos en Chile no es distinta, aunque con particularidades propias a nuestros diversos territorios: por ejemplo, en el norte del país, el uso de aguas de riego salinas afecta a la agricultura debido a la salinización de los suelos. En tanto, en el centro y particularmente en zonas urbanas como Santiago, el uso de lodos como insumo agrícola implica riesgos por acumulación de metales pesados, mientras que en diversas regiones persiste la erosión de suelos en pendientes, asociada a deforestación y a su uso intensivo por las industrias forestal y agrícola.

Un estudio sobre la erosión hídrica del suelo nacional -el que fue elaborado por los académicos I. Núñez-Hidalgo, M. Pfeiffer y A. Gaxiola y publicado en noviembre de este año en la revista especializada en ciencias del suelo y geomorfología, Catena- estimó que Chile perdió 2,91 mil millones de toneladas de suelo en solo dos décadas, lo que pone de manifiesto la existencia de una crisis que compromete nuestra seguridad, no sólo desde un punto de vista ecológico, sino que también desde una mirada económica y social; sobre todo si consideramos que casi la mitad del país (49%) presenta algún nivel de erosión.

La mayor parte de los suelos degradados en nuestro país se concentran entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos -que son, a su vez, las que concentran tanto la producción alimentaria, como densidad poblacional y la ocurrencia de incendios forestales en nuestro país- y se estima que sobre 5,5 millones de hectáreas requieren acciones urgentes de control de erosión, particularmente en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía, donde la degradación está vinculada en mayor medida a incendios, mega sequía y actividades de origen antrópico.

En este sentido, la afectación provocada por los incendios forestales en estas regiones no es un dato irrelevante, sobre todo si consideramos que durante los incendios forestales que asolaron al país en el verano de 2017, el 16,7% de la superficie de bosques esclerófilos de Chile fue afectada por estos siniestros. Y que un reporte publicado en 2024 por investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), alerta sobre el crecimiento de plantaciones de pinos en los bosques nativos quemados en 2017, específicamente, pinus radiata (especie exótica altamente cultivada por la industria forestal por su rápido crecimiento y calidad de su madera) en estos territorios, algo que genera preocupación, ya que la presencia de este tipo de coníferas en estos ecosistemas impacta negativamente en la regeneración de las especies nativas, y además posibilita la recurrencia de nuevos siniestros.

No sólo la colonización de especies exóticas presenta una amenaza en los escenarios post incendio, otro grave problema radica en que estos siniestros provocan que los suelos se vuelvan “repelentes” al agua, disminuyendo su capacidad de infiltración y aumentando su erosión.

Avanzar en políticas públicas

Por eso es urgente generar los marcos legales necesarios para poder hacerse cargo, tanto de los manejos preventivos como aquellos ex post. En ese sentido, en el Congreso se ha discutido un proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, el que propone una mejor planificación territorial (en zonas de interfaz y amortiguación) y obligaciones de manejo preventivo en predios de mayor amenaza, junto a un régimen de fiscalización y sanciones eficaz, avanzando de manera significativa tanto en la prevención como en la sanción post ocurrencia de siniestros.

Lamentablemente, aunque esta normativa se encuentra aprobada por la Cámara de Diputados desde marzo de 2024, sigue detenida en su segundo trámite constitucional en el Senado (particularmente, en la Comisión de Hacienda), aún cuando fue aprobado en su discusión en general en la Cámara Alta hace más de un año, en octubre de 2024.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Suelo, nos parece clave recordar que este es un recurso esencial para la vida: sostiene la productividad, regula la infiltración de agua, protege las napas subterráneas, sustenta ecosistemas completos y carga un profundo valor cultural para las comunidades.

Es por ello que frente a su creciente degradación, es urgente avanzar en políticas públicas que aseguren su conservación real y efectiva, ya sea desde la promulgación de leyes que prevengan la ocurrencia de incendios forestales y regulen su gestión posterior, como desde la implementación de programas de plantación de especies nativas y la restauración de la vegetación para proteger el suelo contra la escorrentía y la pérdida de nutrientes.

Debemos recordar que proteger nuestros suelos no es solo una acción ambiental, sino una responsabilidad estratégica para garantizar alimentos, agua, biodiversidad y bienestar para las generaciones presentes y futuras.